Por: Redacción/

La Secretaría de la Función Pública, encabezada por la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, presentó en la Conferencia Matutina del Presidente de la República los avances de las minuciosas investigaciones que lleva a cabo en torno a Carlos Lomelí Bolaños, quien fuera delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco hasta el 12 de julio.

Manifestó que “con el gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador hay un antes y un después en la aplicación de la justicia administrativa y la construcción de la nueva ética pública. Hoy, ya no hay cabida para privilegios, para conflictos de interés, ni para el predominio de los intereses privados sobre el superior interés público”, y agregó que del mismo modo que el presidente Benito Juárez dispuso la separación de la Iglesia y el Estado, hoy el
presidente López Obrador dispone y hace realidad la separación del poder político y el poder económico.

Aseveró que la separación del cargo del ciudadano Carlos Lomelí Bolaños demuestra que la Secretaría de la Función Pública cumple su papel como brazo del Gobierno Federal a cargo de la investigación, el control, la vigilancia, la fiscalización y la sustanciación de los procedimientos de las posibles
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de la sanción de éstas.

Refirió que el Gobierno del Presidente López Obrador avanza con la ley en la mano, “con el trabajo y la voluntad política de quienes acompañamos su gobierno y acatamos su instrucción de una separación precisa y categórica entre la Función Pública y los intereses particulares”.

La Secretaria Sandoval Ballesteros añadió que “el gobierno del presidente López Obrador no avanza a costa de quinazos, ajustes de cuentas, persecuciones y encarcelamientos de líderes políticos y sindicales incómodos, sino sobre la base del respeto a la Constitución, el apego al Estado de Derecho y la construcción de nuevas y mejores leyes y normativas que nos permitan avanzar en la ética pública de nuevo signo que exige esta transformación”.

Expuso que, en un inédito ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, y sin menoscabo del principio de presunción de inocencia del ciudadano sujeto a investigación, hasta el momento la Función Pública ha abierto de oficio siete expedientes. Cuatro de ellos se centran en empresas relacionadas con Carlos Lomelí Bolaños y tres indagan presuntas conductas contrarias a la legalidad.

Los expedientes se basan en las acciones implementadas, diligencias e investigaciones realizadas por las distintas unidades de la Función Pública, además de información recabada en la Oficialía Mayor y la Unidad de Inteligencia Financiera, ambas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Secretaria de Salud y Contralorías Estatales de al menos cinco Entidades Federativas.

“Desde el primer momento hemos estado informando periódica y
cercanamente al Presidente del avance de nuestras investigaciones, y a través de un oficio fechado el 8 de julio de 2019, y por instrucciones del Presidente de la República, informamos al Lic. Gabriel García Hernández (Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo) de las mismas y de la necesidad y conveniencia de tomar medidas preventivas para permitir el
curso de las indagaciones y diligencias que, como todo mundo sabe, se encuentran garantizadas por el secreto procesal, de forma más certera”, refirió la Dra. Sandoval Ballesteros.

Dijo que la Función Pública continuará reuniendo la mayor cantidad de información que de manera contundente sustente las indagatorias y, en su caso, los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes.

En las investigaciones participan las direcciones generales de Información e Integración, de Denuncias e Investigaciones y de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Función Pública; así como la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses.

La Función Pública reitera su compromiso de combatir frontalmente la corrupción y la impunidad, y recuerda que ninguna persona que actúe bajo conflicto de interés puede ser parte del Gobierno de México.

Asimismo, refrenda su estricto apego al marco legal en la conducción de las investigaciones, y subraya que, en cabal respeto a los derechos fundamentales de las personas investigadas y su presunción de inocencia, se garantizará su derecho de audiencia.