Por: Redacción.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, destacó que la independencia de los servicios forenses, tanto médicos como psiquiátricos, es indispensable para prevenir y erradicar los casos de tortura en México.

Pero el mayor reto para el Estado mexicano es el rediseño institucional que le permita contar con esa autonomía.

En la inauguración de los talleres sobre la aplicación de los protocolos de Estambul y Facultativo de la Convención contra la Tortura, el ombudsman nacional anunció que junto con la Procuraduría General de la República (PGR) trabaja en un modelo para combatir, erradicar y atender a las víctimas de este delito.

“La tortura existe en México; que hay que atajarla, prevenirla y, sobre todo, erradicarla. Hay que favorecer todo aquello que evite que se cometan violaciones a derechos humanos”, subrayó.

González Pérez lamentó las respuestas que las instituciones gubernamentales dan a las recomendaciones de la CNDH por casos de tortura, por lo cual llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a cerrar filas en bien de los derechos fundamentales de las personas.

Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, coincidió con la postura de González Pérez, y por ello demandó al gobierno mexicano facilitar la intervención de peritos independientes para documentar los casos de tortura y que sus dictámenes sean admitidos como pruebas en la investigación y en el proceso contra los probables responsables.

“Pero el mayor reto del Estado mexicano es el rediseño institucional que le permita contar con servicios periciales y forenses autónomos, en este sentido nuestra oficina ya ha externado su disposición de colaborar con las autoridades para el diseño del Instituto forense autónomo”, puntualizó el representante de la ONU.

Fernando Cervantes Duarte, visitador adjunto de la Segunda Visitaduría General de la CNDH, denunció que entre los obstáculos para aplicar el Protocolo de Estambul en los penales federales está la prohibición de ingresar equipo médico adecuado y cámaras fotográficas, además de que “allí se carece de lugares dignos y privados para entrevistar a las víctimas, sin omitir que existen casos de personas que sufren represalias” por aceptar que se les aplique dicho protocolo.

“El problema no es que la mayoría de los médicos desconozca el Protocolo de Estambul, sino que las condiciones desde el punto de vista legal para aplicarlo no están dadas, porque en el Sistema de Administración de Justicia y los Ministerios Públicos no permiten a los profesionales de la medicina hacer interrogatorios amplios que evidencien casos de tortura; al final los únicos que determinan si hubo o no tortura son los jueces, coincidió Teodoro Valdés Alonso, visitador adjunto de la Tercera Visitaduría.

Por su parte, José Quiroga, ex vicepresidente del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura, destacó que cuando se cometen actos de tortura, “con frecuencia participan médicos”, ya que ellos determinan hasta qué grado puede resistir el sufrimiento una persona sin morir.

Asimismo, el abogado y experto Emilio Ginés Santidrián, refirió que organizaciones de la sociedad civil indican que entre el 2004 y 2014 interpusieron ante la CNDH 58 mil 381 quejas por detenciones arbitrarias, de las cuales 17 mil incluyen alegatos de tortura y malos tratos, por lo cual se estima que cerca de 10 mil personas estarían siendo torturadas en el sistema de justicia penal nacional.

Mientras que el presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), Felipe de Jesús Martínez Rodarte, destacó que el Estado mexicano debe permitir la participación de peritos internacionales para identificar la práctica de la tortura, y agregó que el nuevo Sistema Penal Acusatorio contribuirá en ello.

Finalmente, el experto independiente Carlos Garduño Salinas subrayó la urgencia de que el Congreso mexicano apruebe la Ley General contra la Tortura, ya que el plazo para su publicación venció el pasado 7 de enero y los estados de Tabasco y Michoacán no cuentan con una Ley estatal o Código Penal para prevenir, sancionar, y tipificar la tortura como un delito.