Por: Redacción 

La secretaria de la Comisión Integral del Agua de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Janet Hernández Sotelo,exigió que de los recursos del Fondo de Capitalidad aprobado para el presupuesto de 2017, el 70 por ciento deban dirigirse al servicio del agua en la Ciudad de México ya que es un requerimiento básico de la población.

La asambleísta expresó que los servicios básicos deben tener prioridad en las decisiones de los diputados en la Asamblea Legislativa y por ello, el agua que es un bien necesario tiene prioridad para que se apliquen éstos en beneficio de la ciudadanía capitalina.

Estos recursos, agregó, permitirán establecer programas de sustitución de líneas de agua que ya son obsoletas porque su vida útil concluyó desde hace tiempo.

Señaló que el agua es un derecho humano equiparable en importancia a cualquier programa social que incida en beneficio de la población. Se estaría también, dijo, invirtiendo además de Iztapalapa en otras demarcaciones que tienen el mismo problema del agua, por ello se debe aplicar hasta un 70 por ciento del Fondo de Capitalidad.

La diputada local explicó que del total de la distribución del vital líquido en la CDMX, el 40 por ciento de agua se pierde por fugas en los más de 13 mil kilómetros de tuberías, por ello se requiere dinero para renovar las tuberías, pozos, plantas de bombeo y tanques de almacenamiento que tienen más de 40 años de antigüedad y que continuamente son reparados.

La asambleísta quien lleva casi 300 días de activismo social en la lucha por el agua, principalmente en la zona Oriente de la ciudad y en particular en Iztapalapa que es donde más se reciente la escasez y falta de agua, se pronunció porque se dirijan recursos para evitar que se siga perdiendo el vital líquido que hace falta a miles de habitantes de aquella zona.

Advirtió que de no invertirse en el agua como ya lo ha mencionado el titular de Sacmex, Ramón Aguirre, en 50 años se habrá agotado el vital líquido en la capital del país.

Hernández Sotelo recordó que en su activismo por el agua entregó cartas solicitando el apoyo a los 500 diputados federales, ya ha propuesto una Cumbre Metropolitana por el Agua donde pudiera estar el gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, además de un Observatorio Ciudadano y la implementación de una cultura por el agua.

También destacó que tan sólo para Iztapalapa se requieren 2 mil millones de pesos adicionales a su presupuesto anual, para que se invierta en el mantenimiento de la red hidráulica y en el drenaje, a fin de minimizar la fuga de agua que actualmente ya rebasa límites permisibles.

Si sabemos que actualmente se desperdicia más de 40 por ciento de agua en fugas de las líneas de suministro, dijo Hernández Sotelo, es fácil prever que ese porcentaje de pérdida del vital líquido agudizará aún más la crisis en la entrega a los hogares de la capital del país, incluso quien sufrirá aún más es la zona oriente donde se encuentra Iztapalapa.

Dijo que su lucha es histórica porque junto a vecinos que han padecido la escasez del vital líquido llevan ya más de 40 años sufriendo y por ello ya se han lanzado a buscar alternativas de solución.

Al destacar que la cantidad asignada para 2017 no es del todo satisfactoria ya que no se dio completa, la legisladora por Iztapalapa, se solidarizó con el Jefe de Gobierno en el sentido de que no están todos los recursos que necesita la capital del país para responder a sus requerimientos.

La falta de recursos obligará a cancelar obras nuevas, mantenimiento básico y sustitución de redes lo que irremediablemente puede llevar a una crisis severa para que los ciudadanos cubran sus necesidades básicas del agua.

Recordó que recientemente el presidente de la Mesa Directiva del Constituyente, Alejandro Encinas, dijo a vecinos de Iztapalapa, que presentaría sus buenos oficios para que el tema del agua sea prioritario al interior del Constituyente.

En esa ocasión Encinas reconoció la lucha que da la diputada Janet Hernández por el agua, y afirmó que se plasmará en la nueva Carta Magna el Derecho al agua así como el articulado que prevé la no privatización del vital líquido.