Por: Redacción/

El Pleno del Senado de la República aprobó, por unanimidad, las reformas y adiciones a 7 leyes para tipificar la violencia política de género como infracción y delito electoral. Las adecuaciones establecen que el delito puede ser un acto o una omisión, por ejemplo: la anulación del ejercicio de los derechos políticos–electorales de las mujeres, las amenazas y la divulgación de imágenes o mensajes que buscan difamarlas y/o desacreditarlas.

La Senadora Nancy de la Sierra, Integrante del Grupo Parlamentario del PT y representante de Puebla en esta soberanía, expresó: “Durante campaña, e incluso ocupando cargos públicos, hemos soportado agresiones verbales basadas en estereotipos de género, daños a elementos de nuestras campañas, divulgación de nuestra información privada e incluso la restricción de nuestro uso de la palabra”.

Erradicar las injusticias laborales y la desigualdad económica son los objetivos de otro de los dictámenes aprobados. Se exhortará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a los gobiernos de las 32 entidades del país a garantizar el pago equivalente a mujeres y hombres por el mismo trabajo desempeñado. Se estima que la violencia económica en México corresponde a 34 puntos porcentuales, diferencia abismal en la remuneración que perciben las mujeres, mientras que la media a nivel mundial es del 20 por ciento.

Asimismo, se reformaron 31 ordenamientos para garantizar el principio de paridad de género en la designación de cualquier cargo de elección popular en todos los niveles, organismos públicos electorales locales, el Consejo General del INE y órganos jurisdiccionales, con la intención de brindar garantías a la igualdad de oportunidades y el trato cordial e igualitario entre mujeres y hombres.

También se aprobaron de forma unánime las modificaciones a diversas leyes para que los consejos, comités, asambleas consultivas y diversos organismos y entidades públicos se conformen de manera paritaria. Con las adecuaciones no sólo se cumplirá con la cuota de género, también se reconocerá y se respetará la participación equilibrada de las mujeres en la toma de decisiones.

Una vez publicados en el Diario Oficial de la Federación, los dictámenes lograrán la paridad en los ámbitos económico, político, social y cultural de nuestro país; brindarán certeza al cumplimiento de las leyes que aseguren los derechos de las mujeres y comprometerán el respaldo de las autoridades en todos los niveles y órdenes gubernamentales.

De la Sierra Arámburo, indicó: “las reformas abonan al cumplimiento de las metas 5.2 y 5.5 del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de la Agenda 2030: Igualdad de Género. Establecen poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado”.