El senador Raúl Morón Orozco pidió a las Secretarías de Educación Pública (SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que informen públicamente sobre los lineamientos generales del programa de bonos de infraestructura educativa así como las condiciones específicas en que se emitirán.

Por medio de un punto de acuerdo, el legislador solicitó las dependencias señale los centros educativos que estarán incluidos dentro del padrón de beneficiarios del programa, al igual que los plazos, tasas de interés,  propuesta de operación, uso y destino de los recursos públicos.

Para poder fortalecer el gasto público destinado al desarrollo de programas de infraestructura escolar, Morón Orozco afirmó que se debe contribuir a superar las difíciles condiciones de marginación en la que operan alrededor de 230 mil centros educativos públicos del país.

Mencionó que a partir del anuncio por parte del titular del Ejecutivo sobre el programa de bonos de infraestructura educativa, se ha generado en la población incertidumbre y especulación sobre la poca información del mencionado programa.

“La única valoración social es que la educación no es prioridad para este gobierno, la prioridad es la recuperación del control político por la fuerza, el sometimiento coactivo de los maestros, la educación como negocio en vías de privatización y la implementación de la reforma administrativa de la educación”, aseguró Morón.

El representante por el estado de Michoacán explicó que en el mencionado programa, cualquier inversionista privado podrá acudir a la Bolsa de Valores para comprar los bonos educativos y al cabo de unos años obtendrá la devolución de su inversión con una ganancia.

El perredista agregó que diversas organizaciones sociales y especialistas en la materia han manifestado su rechazo al programa debido a que es una manera en que el Estado incumpla con su obligación de atender la infraestructura educativa establecida en el artículo 3ro constitucional.

Finalmente, el michoacano advirtió que este tipo de especulación financiera  implica un alto riesgo para el desarrollo social, educativo y financiero del país, desde el momento en el que no se conoce con seguridad las condiciones en que se emitirán los bonos y la forma de operar y administrar dicho fondo.