Por: Javier Divany Bárcenas

El coordinador de los diputados del PRI Francisco Martínez Neri, señaló que la Secretaría de Educación Pública (SEP), ha optado por reducir la evaluación docente a un esquema de premios y castigos, “lo que resulta insostenible desde cualquier enfoque pedagógico”.
Dijo que la SEP debe comprometerse a la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje: “La evaluación no debe ser solo del docente, sino del sistema educativo en su conjunto”.
El Estado debe brindar lo necesario para que el personal docente y el personal con funciones de dirección y supervisión en servicio, tengan opciones de formación continua, actualización, desarrollo profesional y avance cultural.
El diputado integrante de la Comisión de Educación, subrayó que el Estado no ha cumplido con sus compromisos para garantizar mejores condiciones de otorgamiento de los servicios educativos y no ha frenado el deterioro del sistema educativo nacional.
Martínez Neri apuntó que el problema generado por el cese masivo de los maestros, conculca derechos humanos laborales: “La evaluación educativa que estableció el despido es un precedente excesivo en la historia de la educación en México”.
Recordó que otros trabajadores al servicio del Estado no son sujetos a un sistema de evaluación que tenga como consecuencia el cese de labores, sin responsabilidad para la entidad o dependencia a la cual sirven.
Por ejemplo, un médico, una enfermera, un trabajador ambiental, un agrónomo, un perito, etcétera, no están sujetos a las mismas presiones a las que se ha puesto a los trabajadores de la educación, ni como consecuencia de no ser “idóneo” para el puesto de trabajo se le cesa sin más.
“Es indebido que las autoridades educativas, además de la amenaza del despido a los maestros, todavía se den el lujo de anunciar que no habrá liquidación para los mentores; el “premio” y el “castigo”, “la zanahoria y el garrote”, serán recordados como instrumentos conductistas de un gobierno que no supo convencer de las bondades de la evaluación integral”, sentenció.
Comentó que este tipo de disposiciones deben revisarse para cumplir con los objetivos de una reforma que busca alcanzar una educación de calidad con equidad.