• El pasado 18 de agosto, durante la conferencia mañanera el presidente López Obrador ordenó que se hiciera una investigación respecto de Moreno Villatoro.

Por: Roberto Celis/

Los 21 funcionarios y ex servidores públicos del sistema penitenciario federal señalados de ser presuntos responsables de incurrir en responsabilidades administrativas durante administraciones pasados por la contratación o ampliación de plazos para la construcción de centros carcelarios, preparan su defensa para audiencia que se realizará el próximo 18 de octubre ante el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos, y entre ellos destaca Oscar Moreno Villatoro, quien se mantiene como integrante de la Secretaría de Hacienda (SHCP), sin que se conozca el resultado de la investigación ordenada por el presidente de la República, respecto a ese servidor público.

El pasado 18 de agosto, durante la conferencia mañanera el presidente López Obrador ordenó que se hiciera una investigación respecto de Moreno Villatoro, ya que en varias ocasiones el mandatario ha sostenido que quienes fueron colaboradores del ex secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, no debían seguir colaborando en la actual administración. “Que se haga la investigación y si el señor participó con García Luna, no debe estar ahí”, dijo el mandatario.

Moreno Villatoro se desempeña como Administrador Central de Control y Seguridad Institucional (ACCI) del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y de acuerdo con los registros institucionales, durante la gestión de García Luna al frente de la SSP federal fungió como director General de Administración de Prisiones Federales.

Actualmente Moreno Villatoro y 20 ex funcionarios más de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, son investigados por la Fiscalía General de la República derivado de presuntas asignaciones de contratos a modo para la construcción de ocho penales federales.

A ese respecto, en junio pasado, el juez Villar Ceballos, con residencia en el Reclusorio Sur, decidió aplaza hasta el 18 de octubre la audiencia en la que la FGR imputaría a los funcionarios y ex servidores públicos del sistema penitenciario por los delitos de uso indebido de atribuciones y asociación delictuosa