Por: Redacción/

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, señaló que el dictamen de la Guardia Nacional no cumple con criterios de la CIDH sobre participación de las Fuerzas Armadas en tareas seguridad pública; y aseguró que desde la presencia del Ejército en las calles la violencia se disparó en México

Durante su participación en el tercer día de Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional, reconoció que el dictamen para su creación ha tenido cambios “positivos”. Sin embargo, aún hay motivos de preocupación sobre su creación y enumeró 10 puntos al respecto.

El documento no brinda garantías que eviten la repetición de violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército, y además, debilita los esfuerzos para fortalecer las corporaciones policiales.

Asimismo, reiteró su llamado al Congreso de la Unión para que su análisis se realicen de manera pausada, reflexiva y en estricto apego a los compromisos internacionales de los derechos humanos adoptados por el Estado mexicano.

Subrayó que el pasado 20 y 21 diciembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado mexicano las sentencias relacionadas con los casos Alvarado Espinoza y otros vs. México y Trueba Arciniega y otros vs. México, ambos casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial perpetrados por militares en tareas de seguridad. No obstante, el proyecto que analizan los legisladores no cumple con los criterios que la CIDH mencionados en estos casos.

Además, prevé mecanismos “insuficientes” de control político, y la ley que lo regularía contendría la evaluación, más no rendición de cuentas indispensables para inhibir la comisión de abusos y deslindar jurídicamente las responsabilidades.

Jan Jarab precisó Guardia Nacional mantiene una adscripción al ramo de la Defensa Nacional por un plazo máximo de cinco años, que trastoca la línea inmediata de autoridad civil al inicio de su gestión. Propuso que ésta tendría que estar bajo mando civil directo.

Cuestionó la modificación que propone el dictamen al primer párrafo del artículo 21 Constitucional, para establecer que la Guardia Nacional tendrá competencia para investigar delitos. “Los estándares internacionales restringen la competencia de la jurisdicción militar no solo al juzgamiento, sino también a la investigación de los delitos”.

“En este sentido se estaría dando una nueva competencia a integrantes de las Fuerzas Armadas para realizar actos de investigación ante cualquier tipo de delito, sin que dichos actos pudieran ser materialmente controlados por la autoridad civil y sin que los integrantes de la armada rindan cuentas ante las autoridades civiles por las conductas desplegadas en la realización de estos actos”.

De igual manera, abundó, se desconoce el carácter excepcional, restringido y extraordinario de la jurisdicción militar. “Entonces se entendería que si los integrantes de la guardia cometen delitos que no estén ligados al ejercicio de las funciones previstas en dicho párrafo, dichos delitos serían investigados y juzgados por autoridades militares”.

En cuanto a las faltas administrativas, las autoridades militares tendrían competencia para conocer también de conductas desplegadas por los elementos civiles adscritos a la Guardia Nacional, “lo cual abonaría a un proceso de militarización de lo que hoy es civil”, agregó.