Por: Redacción/

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó la mayor apertura en la difusión de datos personales relacionados con violaciones a derechos humanos, para que las Recomendaciones que emite el Organismo Nacional sirvan de reflexión y sustento para rectificar el camino y garantizar la no repetición de tales hechos.

Dijo que aún hay pendientes en la agenda del debate público, como discutir los alcances y límites del derecho de acceso a la información cuando se trata de violaciones a los derechos humanos y su confrontación con la protección de los datos personales de las personas físicas involucradas en las investigaciones, sobre todo al tratarse de las víctimas y servidores públicos que han recibido una Recomendación o Recomendación por Violaciones Graves a los derechos humanos en su actuación.

Expresó que las dificultades surgen cuando las Recomendaciones determinan la comisión de violaciones a los derechos humanos, no con fuerza coercitiva, pero sí con la convicción racional que las evidencias muestran de la Constitución y la ley que la faculta para hacerlo, y donde el anonimato de quienes cometieron esos actos reduce la eficacia ejemplar que debiera imponer el documento recomendatorio a la autoridad ejecutora de hechos considerados violatorios de los derechos humanos.

Así lo señaló el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, quien destacó que para la CNDH es de la mayor trascendencia que se garantice la no repetición de violaciones a los derechos humanos, por lo que la apertura debe darse en los términos de la ley y con pleno derecho a los mencionados derechos, ya que debe garantizarse el derecho a la verdad y preservar la memoria histórica sobre los hechos que han dañado a la sociedad, como son las violaciones graves a derechos humanos.

Durante el acto conmemorativo del Día Internacional de Protección de Datos Personales, explicó que la ley establece como información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, y en la integración de los expedientes de quejas por violaciones a los derechos humanos la CNDH ha blindado por mandato legal tales datos, con excepción de los servidores públicos actuantes que no son investigados, mientras que cuando se ha considerado que deben aplicarse excepciones de confidencialidad, se ha solicitado al órgano garante que, para efectos de la fracción IV de la Ley Federal de Transparencia, aplique la prueba de interés público.

Ante la presencia de Francisco Javier Acuña Llamas, Presidente del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia y Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), González Pérez subrayó que debe considerarse la posibilidad de aplicar un principio diferente de protección tratándose de violaciones a los derechos humanos, que no debiera asentarse únicamente en la calidad del sujeto, sino también en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada, pues al ser servidores públicos se han expuesto de manera voluntaria a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, a un mayor riesgo de ser exhibidos frente a sus graves fallas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la del debate público, lo que no debiera quedar oculto salvo que su vida peligre.

Refirió que en los casos hasta hoy discutidos por el INAI ha resultado compleja la adopción de sus resoluciones, sobre todo cuando se trata de datos personales, ya que requiere analizar condiciones específicas de las personas que se encuentran contenidas a lo largo de los expedientes, porque se requiere primero el tratamiento diferencial entre personas morales y físicas, y de estas últimas distinguir según la calidad diversa con que intervienen.

En este acto también se contó con la presencia de Jan Jarab, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada del INAI; Zulema Martínez Sánchez, Coordinadora de los Organismos Garantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios; Fréderic Vacheron, representante de la UNESCO; José Ramón Cossío Díaz, Ministro en Retiro de la SCJN; Carlos Enrique Ruiz Abreu, Director General del Archivo General de la Nación; María Solange Maqueo Ramírez, Presidenta del Consejo Consultivo del INAI; Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.