Por: Oswaldo Rojas

Con el propósito de hacer la revisión de una norma constitucional para establecer la colegiación de los profesionales del Derecho en nuestro país, los senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Angélica de la Peña Gómez asistieron a las Audiencias Públicas sobre el Fomento a la Calidad de los Servicios de los Profesionales del Derecho.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, afirmó que existe una gran polémica tanto por el propio contenido de la ley y lo que significa establecer un colegio que certifique la formación profesional de quien presta servicios en materia de derecho.

“Como también la otra arista del problema que tiene que ver con la calidad de los servicios educativos en el país, en donde existen instituciones públicas, y en su mayoría privadas, que no cumplen con los requisitos que garanticen una buena calidad en la formación profesional de estas escuelas, que genéricamente en nuestro país conocemos como las universidades ‘patito’”, agregó.

En ese sentido, Encinas Rodríguez precisó que se requieren medidas firmes y serias que no permitan lo proliferación de este tipo de instituciones educativas que no garantizan una adecuada formación profesional.

Por su parte, la senadora Angélica de la Peña Gómez destacó tres razones por las que resulta importante colegiar y certificar a los abogados y la primera tiene que ver con adecuar la profesión jurídica a las nuevas realidades de la globalidad.

“Debemos considerar que debe haber una gran expertise y una gran certificación de idoneidad y de profesionalismo en quienes tengan que participar en las negociaciones y tratados de libre comercio”, dijo.

La secretaria de la Comisión de Justicia añadió que el segundo punto tiene  que ver con la forma cómo se enseña el derecho en México para tener diferentes enfoque de lo que debe de ser el Derecho en función de las adecuaciones que ha tenido la Constitución.

La tercera razón tiene que ver con la proliferación de pseudoescuelas pues en estos momentos tener una cédula profesional o título no es una garantía de que el profesional o la profesional del Derecho se encuentra debidamente preparado para prestar los servicios que ofrece.

 Y es que de acuerdo con cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor, más de mil 100 instituciones privadas de educación superior están enseñando Derecho, pero sólo 74 comprueban su calidad académica.

“La colegiación obligatoria constituye la opción más adecuada para evitar abusos y garantizar a las y los ciudadanos la obtención de un servicio profesional de calidad”, añadió.