Fernando Nava

La senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, realice una contribución financiera voluntaria a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La propuesta, que fue suscrita por los senadores Fernando Yunes Márquez, Mariana Gómez del Campo Gurza y Gabriela Cuevas Barron, del PAN, también pide que el Ejecutivo lidere los esfuerzos regionales ante la Organización de los Estados Americanos para asegurar la autonomía financiera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, exhorta a la Cámara de Diputados a asignar una partida presupuestal especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 para que el Estado mexicano realice una contribución financiera a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 De la Peña Gómez dijo que México ha mantenido una colaboración estrecha con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y particularmente con la Corte IDH, cuyos criterios jurisprudenciales emanados de la sentencia Radilla Pacheco animaron la reforma al artículo 1 de la Constitución, de 10 de junio de 2011, mediante la cual se incorporaron formalmente los tratados internacionales de derechos humanos a nuestro orden jurídico.

 Agregó que actualmente, la Corte IDH atraviesa por un momento de austeridad financiera, por lo que es necesario que nuestro país “rescate ese ánimo de siempre apoyar a los organismos internacionales”.

 Dijo que históricamente, México ha sido uno de los países más cumplidos en el pago de sus aportaciones al fondo regular de la OEA, pero cuenta con una responsabilidad de contribuir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos más allá de las cuotas obligatorias.

 Agregó que de manera regular nuestro país había aportado voluntariamente alrededor de 300 mil 000 dólares a la Corte IDH para el cumplimiento de su misión. Sin embargo, en el pasado el Informe Anual 2015 se indica que se ha modificado la postura respecto de las contribuciones voluntarias de nuestro país al tribunal internacional.

 “Resulta paradójico que un país con una tradición de colaboración tan cercana con la Corte IDH, que se ha beneficiado de manera inmensa de su jurisprudencia y aportaciones en materia de derechos humanos, no contribuya financieramente cuando es momento de hacerlo”, asentó.

 Los primeros puntos de acuerdo se turnaron a las comisiones correspondientes del Senado de la República y el relativo al aporte financiero se envió a la Cámara de Diputados.