Por: Redacción

Senadores de diferentes grupos parlamentarios, autoridades y organizaciones internacionales coinciden en que, ante la crisis humanitaria que representa el incremento de menores migrantes no acompañados, es necesario impulsar la armonización de la actual Ley de Migración con el interés superior de la niñez, a efecto de garantizar sus derechos humanos.

La senadora Layda Sansores San Román, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República, indicó que más de 38 mil niños han pasado por las estaciones migratorias mexicanas, de los cuales 36 mil fueron deportados a sus países de origen; algo que es “para indignar a cualquiera”

En las audiencias públicas “La protección de los derechos de la infancia migrante en México: Retos legislativos”, mencionó que no se puede seguir enviando a menores a las cárceles por cometer el “delito” de perseguir un sueño, de huir del hambre, y muchas veces de la muerte. Se trata, agregó, de un acto arbitrario y no se puede permitir más.

Para ello, dijo que es necesario armonizar las leyes migratorias y buscar la forma de no criminalizar a los menores que transitan por el país, “no importa en qué partido milites, lo que importa son los derechos superiores de la niñez y los grandes temas de México, esto es lo que nos une”.

La senadora Mariana Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN, precisó que 29 legisladores de diferentes grupos parlamentarios presentaron una iniciativa de reforma con la que se busca armonizar la Ley de Migración con lo que establece la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, a fin de ponderar y garantizar el interés superior de la niñez, por encima de cualquier determinación administrativa, incluyendo la del Instituto Nacional de Migración (INM).

Refirió que la UNICEF dio a conocer que se incrementó 333 por ciento la cifra de menores migrantes no acompañados que cruzaron la frontera sur de nuestro país en 2015; mientras que la Secretaría de Gobernación informó que aumentaron las detenciones de niños en 2014, “que ascendió a 10 mil 469 menores de 17 años de edad, de los cuales 8 mil 503 viajaban solos y 4 mil 692 en compañía de un adulto”.

Expuso que dicha iniciativa propone la obligación de la autoridad migratoria para dar aviso a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sobre los procesos que involucren a menores, facultar al DIF nacional y de los estados para proporcionar asistencia y garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes. Asimismo, facultar al INM para que pueda otorgar estancia legal a la infancia migrante como visitante por razones humanitarias; establecer la no devolución, expulsión o deportación de niñas, niños y adolescentes migrantes.

La senadora Martha Elena García Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, recordó que la Ley establece que el DIF debe brindar la protección a cualquier menor migrante, en tanto el INM determina su condición migratoria, “observando en todo momento el interés superior de la niñez como una consideración primordial”.

Como pueden observar, es una responsabilidad conjunta entre las autoridades, por lo que surge la necesidad de armonizar las disposiciones del ordenamiento migratorio con los criterios que establece la Ley de los Derechos de la Niñez, además de que esta adecuación es una de las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño ha señalado al Estado mexicano, subrayó.

Hizo hincapié en la necesidad de contar con recursos presupuestales suficientes que permitan garantizar la protección integral de la niñez migrante, pues es una obligación que establece la Ley General para las autoridades en los tres órdenes de gobierno.

En representación del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) México, Karla Gallo advirtió que para que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se cumpla cabalmente es necesario que el Estado mexicano establezca como prioritario el cuidado de este sector, sobre cualquier consideración, nacionalidad o estatus migratorio.

Señaló que debe desarrollarse un procedimiento que involucre todas las acciones y servicios del Estado, y a las autoridades de todos los niveles, a fin de garantizar el interés superior de los infantes.

Por su parte, Juan Martin Pérez, de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, expresó que se debe reconocer que la migración de este sector es detonada por la violencia generalizada en la región, “es necesario visibilizar las altas tasas de homicidio, la violencia sexual, esclavitud, reclutamiento forzado y desplazamiento por estos motivos”.

Aseguró que muchas de las violaciones a los derechos humanos de la población migrante están claramente asociadas a los errores en el combate al crimen organizado trasnacional, “y este fenómeno no se va a poder atender sin que antes se articulen acciones desde todos los países de la región para su combate”.

Dijo que es indispensable crear un mecanismo trasnacional entre los sistemas nacionales de protección integral, que permita la comunicación de los países de la región, a fin de garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes migrantes.

Mark Manly, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), advirtió que el número de niños acompañados y no acompañados que llegan a México desde Centroamérica no ha dejado de crecer en los últimos años.

Manifestó que las condiciones de violencia que se viven en Centroamérica representa uno de los principales motivos por los cuales familias enteras son orilladas a desplazarse, “el gran reto es identificar entre la población migrante a las personas que tienen la necesidad de ser protegidas como refugiados”.

En este sentido, indicó que en términos comparativos los niños y niñas migrantes no acompañados que solicitan la condición de refugiados es muy bajo, “si consideramos que la cifra es de 16 mil y tan sólo el año pasado 141 solicitaron esta opción”.

Subrayó que nueve de cada diez niños que solicitaron protección en México como refugiados, fueron reconocidos. “Por ello, tenemos el compromiso de trabajar con el Estado mexicano y con la sociedad civil, para asegurar que los términos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se puedan cumplir”.

El secretario del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Ricardo Bucio Mújica, dijo que para garantizar de manera integral los derechos que establece la legislación en la materia, es indispensable que intervengan autoridades de todos los niveles, la protección del Sistema Nacional de Seguridad Pública y una responsabilidad directa de los gobiernos estatales y municipales.

Desde los gobiernos estatales y municipales, señaló, es necesario establecer metas cuantitativas y cualitativas comunes que se conviertan en tareas específicas, “ya que hay un problema estructural en el otorgamiento de recursos para el cumplimiento de derechos humanos en general”.

La titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Nelly Montealegre, afirmó que es fundamental incidir en las áreas municipales, para la búsqueda de espacios adecuados que permitan garantizar plenamente el interés superior de este sector.

Desde la Procuraduría, aseguró, se realiza un trabajo coordinado, y se genera la mejor identificación de espacios y autoridades que tienen que encargarse de la protección de niñas y niños migrantes.

Debemos seguir fortaleciendo la institucionalidad y el apoyo que la sociedad civil está realizando por medio de la asignación de mayores recursos, y con ello generar los espacios adecuados donde puedan tener una verdadera protección de sus derechos.

Alan García Campos, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que el modelo actual en México no garantiza los derechos de los niños migrantes, por lo que es fundamental modificar la Ley de Migración, como recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En este sentido, dijo que esas recomendaciones proponen que el proceso para garantizar el interés superior del niño sea dirigido por un organismo técnico especializado, independiente de la autoridad migratoria y que realice una evaluación que considere las características particulares de cada caso.

Opinó que las modificaciones a dicha Ley brindan “una ocasión dorada para que el Estado mexicano actualice su marco normativo,para hacerlo consistente con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, así como con la avanzada Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes aprobada hace un par de años”.

La reforma debe garantizar los principios rectores para la protección de la niñez, la especificidad en los procesos y el principio de no privación de la libertad de las niñas, niños y adolescentes en el contexto de la migración irregular, apuntó.

Karla Meza Soto, integrante del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, dijo que las formas de violencia que experimentan los menores migrantes son consecuencia de la grave crisis de derechos humanos, no sólo en México sino también en la región, de ahí, que se necesiten medidas complementarias de apoyo.

Por su parte, el titular del INM, Ardelio Vargas Fosado, comentó que en los últimos años se ha registrado un crecimiento del fenómeno migratorio hacia el norte del continente, “en 2014, hablábamos de 127 mil presentados ante la autoridad migratoria de México; el año pasado hablamos de 202 mil. Este año hablamos de 130 mil en lo que va a la fecha”.

Mencionó que en el tema de niñas, niños y adolescentes migrantes, en 2014 hubo 23 mil; en 2015 alcanzó la cifra de 39 mil 827 “y este año estamos hablando de 24 mil en lo que va a la fecha”. Vemos con preocupación que los factores que expulsan a los migrantes de sus países de origen se han agudizado, acotó.

Advirtió que en los próximos años se incrementarán los flujos migratorios, debido a las condiciones complejas que se viven en la región y a la llegada de migrantes de otros continentes; se están recibiendo haitianos, africanos, cubanos, inclusive en los próximos meses, recibiremos a asiáticos y chinos, por el cambio de política migratoria en Ecuador, Chile y Perú, informó.

Aunado a ello, dijo que Honduras vive una condición muy compleja, donde hay 450 mil desplazados internos, “que son eventuales migrantes que van a buscar seguramente alguna condición distinta para proteger su vida y fundamentalmente la de su familia, pero principalmente la de los menores de edad y aquí es donde estamos haciendo el trabajo precisamente con COMAR y con la ACNUR”.

Para el funcionario se trata de un tema “complicadísimo”, por lo que el asunto de la detención y del control migratorio es fundamental para dar alternativa a los menores de edad y permitir que sigan su procedimiento en libertad; sin embargo, “nos encontramos en la operación grupos de niños que no vienen acompañados y que, bueno, sería de verdad una irresponsabilidad dejarlos continuar en la forma en que van”.

El senador del Grupo Parlamentario del PRI, Humberto Mayans Canabal, dejó en claro que se necesita dotar con recursos a los tres órdenes de gobierno para que puedan habilitar, operar y construir los albergues necesarios, que permitan dar un trato digno y de respeto a los derechos humanos de los menores migrantes en todo el territorio nacional.

En el mismo sentido, el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD, expresó que es fundamental que haya asignaciones presupuestarias que correspondan con fenómenos crecientes, en este caso a la migración y a la crisis de los menores no acompañados.