Por: Meztli Islas
En el marco de las audiencias públicas sobre la Ley General en Materia de Tortura y otros tratos o penas crueles, organizadas por el Senado, la senadora Angélica de la Peña Gómez, convocó a expertos en los temas para poder construir ésta ley a raíz de lo que cada uno ha observado desde su trinchera al respecto.
Mtro. Miguel Sarre Iguíniz
El primero en hablar fue el maestro Miguel Sarre Iguíniz, quien señaló que “en el estado de Yucatán, nos informan que desde la fecha de inicio en funciones de ese centro (del Nuevo Sistema de Justicia Penal), 16 de marzo del 2015, se atendieron un total de 31 audiencias iniciales con control de detención, entre las cuales 17 corresponden a la Jueza Primero de Distrito y 14 al juez Segundo de la misma especialidad.
En cinco casos la Jueza Primera de Distrito tuvo conocimiento de probables delitos atribuibles a servidores públicos relacionados con investigación de los hechos, motivo de la detención de los imputados a consecuencia de dicha detención. Estos cinco casos fueron posibles actos de tortura. Mientras que el Juez Segundo de Distrito, tuvo conocimiento de sólo un caso.
Sarre Iguíniz, puso como ejemplos los estados de Yucatán y Durango. En el primero se tiene conocimiento de cinco casos de tortura, de los cuales el juez está enterado sólo de uno y en el caso de Durango, de cada 87 casos, solo se denuncian nueve.
“¿Ven ustedes? La proporción es increíble. Juzgados nuevos, justicia nueva, pero están llegando en un número significativo casos donde aparentemente hay hechos de tortura” recalcó el maestro.
Además calificó al Nuevo Sistema de Justicia Penal como “un sistema nuevo con prácticas viejas” en los estados donde ya está en funcionamiento.
También declaró que el Sistema Penal Acusatorio, que entrará en vigor en el mes de junio en toda la República, también debe contemplar detenciones arbitrarias y habrá que crear mecanismos para agilizar el trabajo de jueces y ubicar los resultados obtenidos en los que casos que ya hay.
El maestro en derecho concluyó diciendo: “Tenemos que luchar contra la impunidad, contra las cuatro letras I en las que se sostiene la tortura: es impunible, invisible, indecible e ininvestigable”
Dr. Rafael Estrada Michel
El doctor Rafael Estrada Michel, que también formó parte del grupo de especialistas invitados a participar de la audiencia, dijo que “Más allá del fin genérico y abierto es una prohibición absoluta y la prevención debe ser imperativa y también por supuesto absoluta, porque se ha comprobado que las condiciones que dan lugar a malos tratos suelen facilitar la tortura misma, y por consiguiente las medidas necesarias para impedir la tortura han de aplicarse para impedir los malos tratos.
Además sobre la cadena de custodia que contempla el Sistema Acusatorio, señaló que es importante que “si se excluye una prueba por haber sido obtenida en contravención de derechos fundamentales, tiene que haber un responsable de esa obtención y esta responsabilidad debe llegar, en mi concepto, hasta sus últimas consecuencias” haciendo responsables a quienes hayan aportado dichas evidencias por haberlas obtenido de manera ilícita.
El doctor Julio Hernández Barros, señaló como idea principal que “La tortura nunca empodera, la tortura elimina el poder y quita la sensibilidad y el razonamiento humano del que nos distingue o por lo menos nos debería de distinguir Entre las especies vivas, sólo el ser humano infringe tortura sobre sus semejantes”
Dr. Julio Hernández Barros
Además, según Hernández Barros, los servidores públicos involucrados en los casos, deben estar tanto profesional como éticamente preparados para tratar adecuadamente ambas partes y lograr así el balance entre derechos de víctimas de tortura y las víctimas de los demás delitos a manera de que ninguno de los dos sea soslayado.
Por otro lado, el Doctor José Antonio Guevara Bermúdez, comentó que sólo existen cuatro sentencias condenatorias en el país, de las que nunca pudo recibir confirmación si eran firmes o no eran firmes.
Mencionó algunos datos sobre tortura en el país que recaudaron diferentes organismos como: “el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en el año 2001, encontró que la tortura en México tiene un carácter habitual y se recurre a ella de manera sistemática, como un recurso más en las investigaciones criminales.
Además, señaló que el Comité contra la Tortura de la Procuraduría General de la República “nos ha reportado que entre el primero de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014 ha recibido 4 mil 55 denuncias por tortura, de las cuales mil 273 son atribuibles a personal de nuestras fuerzas armadas, de los militares mexicanos.
“De las mil 884, del universo de 4 mil 55, se convirtieron en averiguaciones previas y de ellas solamente se consignó a 11 personas; 11 casos de tortura solamente se han consignado, de las cuales nos informa la Cancillería Mexicana en el informe que le presentó al relator Juan Méndez, en 2013, que existen 5 sentencias condenatorias en México, las cuales no es posible conocerlas.
Dichas cifras presentadas por el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, fueron obtenidas por medio de solicitudes de información.
Concluyó su participación al comentar que México ahora tiene el reto de “combatir efectivamente la impunidad de un delito en el que estamos en el 99 por ciento de impunidad en el país.”
Cuando se le dio la palabra al doctor Carlos Ríos Espinoza, anfatizó que se tiene que establecer una agravante si se tortura a personas detenidas, pues se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
También mencionó que hay que poner especial atención a la manera en que se llevan a cabo las detenciones y que habrá que aplicar sanciones penales a los servidores públicos que incurran en faltas como alterar dolosamente los registros de evidencias, así como la relación de los mismos; impedir que los involucrados tengan acceso a su expediente; y, mantener cautiva a una persona en lugares que no sean instalaciones destinadas para su uso en los casos de detenidos, además de que en los casos de agentes, sean separados de sus cargos si han sido imputados por tortura.
La licenciada Isabel Miranda de Wallace, quien calificó al Sistema de Justicia Penal Acusatorio como una oportunidad para “crear un equilibrio precisamente entre los derechos del imputado y los derechos de la víctima”. comentó también que “es una gran responsabilidad para este Senado y es algo que creo que las víctimas del delito claman justicia y puede servir para abonar, a recuperar la confianza de todas las víctimas en este país, por eso es que es tan trascendente.
Lic. Isabel Miranda de Wallace
Aunque lamentó que se tenga que seguir “trabajando en un tema tan doloroso que debería de haber sido erradicado en nuestro país”, también comentó que en cuestión de cifras, no se tiene una para las víctimas de tortura en el país “si alguien pregunta por transparencia a la PGR, cuántos delitos de tortura, hoy no lo sabemos. Y no lo sabemos porque no están desagregados y ese es un dato muy importante, porque es mentira cuando dicen que hay miles de casos de tortura denunciados. No, no sabemos si realmente son por tortura, tratos crueles o inhumanos.” señaló.
Hizo hincapié en que deben ser cuidadosos en la forma en que se cataloga la tortura, pues “hoy, por desgracia, estamos viendo el hecho de que alguien clame tortura y recurre a algunos organismos u organizaciones y quieren, automáticamente con eso, obtener la libertad y ya incluso la Suprema Corte de Justicia acaba de emitir una tesis al respecto, que el hecho de que una persona hubiera sido torturada no es prueba suficiente para dejarlo en libertad.”
“Hay quien pretende por una supuesta tortura ser exonerado después de haber secuestrado, matado, violado y esto no lo vamos a permitir. Por eso es importante la inclusión de la víctimas del delito en este proceso, para aportar prueba, si cuenta con ellas, o para oponerse a alguna resolución del Ministerio Público o de algún juez para dejar a salvo sus derechos.
En cuanto a las pruebas que pudieran incriminar a una persona, comentó: “Es importante mencionar que cuando una prueba sea obtenida mediante tortura se debe anular indudablemente la prueba, más no todo el proceso, así lo marca nuestra propia Constitución.
De igual forma, propuso que así como en éste Nuevo Sistema Penal se contempla la presunción de inocencia, ésta sea imparcial para el imputado aunque no se trate de un servidor público y ya no se denomine ‘víctima’ a quien se ofende, sino ‘pasivo’.
A unos días de que el Sistema Penal Acusatorio entre en vigor en la Ciudad de México, aún no se tiene contemplado qué camino deberá llevar una prueba o declaración que solo pueda ser revelada por medio de un trato diferente que incluso pueda calificarse como inhumano.
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