Por: Meztli Islas

El Senado de la República exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que agilice las investigaciones en torno a las tomas clandestinas y a la venta ilícita de combustible detectadas en distintas entidades federativas y se sancione a los responsables conforme a derecho.

La asamblea solicitó al gobierno de Puebla, a la Fiscalía General del Estado y a la PGR un informe sobre el avance de las indagatorias relacionadas con bandas dedicadas al robo de combustible, y coadyuve con los municipios y la Federación para prevenir y erradicar este ilícito, en particular en aquellos casos en los que se presente la participación de servidores públicos.

Además, pidió al Sistema Nacional de Seguridad Pública información sobre las acciones realizadas por cada entidad federativa para prevenir y combatir el robo de combustibles, y a Petróleos Mexicanos un reporte respecto a lo que está realizando esta empresa con relación con este fenómeno.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el senador Ernesto Gándara Camou dijo que entre 2012 y 2015 se detectaron en México más de dos mil tomas clandestinas, lo que resulta preocupante porque algunas de ellas provocaron diversos accidentes que pusieron en riesgo la integridad y patrimonio de los ciudadanos y generaron daños al ambiente.

“El mercado ilícito de combustibles –agregó– repercute en las finanzas públicas, en virtud que genera pérdidas por más de 40 mil millones de pesos, además de representar una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado”.

Señaló que durante la actual administración de Puebla, el robo de combustible se ha incrementado de manera exponencial y “las tomas clandestinas en el estado se incrementaron en casi mil 600 por ciento al pasar de 49 en 2010 a 825 para el cierre de 2015”.

A pesar de esta situación, el gobierno del estado no ha mostrado interés ni esfuerzos por coadyuvar en el combate de este ilícito, lo que evidencia que la Federación y municipios trabajan sin el respaldo del poder Ejecutivo local.

“El robo de combustible en Puebla ha sido catalogado por autoridades federales y municipales, por grupos de la sociedad civil y por la ciudadanía en general, como un grave asunto de seguridad pública en la que participan abiertamente grupos de la delincuencia organizada”.

A nombre del PAN, el senador Javier Lozano Alarcón consideró necesario que se investigue este delito en todo el país, pues “de un año para otro se disparó 51 por ciento el número de tomas clandestinas en ductos de transporte de crudo, destilados y gas licuado de petróleo”.

Destacó la importancia de que el tema no se vea afectado por motivos electorales, toda vez que el problema se registra en diversas entidades federativas como Tamaulipas y Guanajuato, y en estados donde la delincuencia organizada se ha incrementado sin control.

Su compañero de bancada, Salvador López Brito coincidió en que se trata de un delito grave que tiene un contexto nacional y del que no se puede responsabilizar únicamente a las autoridades locales sino a las federales.

Por el Grupo Parlamentario del PRD, el senador Miguel Barbosa Huerta enfatizó que el robo de combustible es del orden federal, está vigente en muchas zonas del país y es materia de investigación de la Procuraduría General de la República.

“Estoy de acuerdo con que se solicite información a la Procuraduría General de la República sobre estos hechos, pero nunca podrá ser un exhorto al gobernador para que informe avances de investigaciones o de una averiguación previa”, expresó.

Rabindranath Salazar Solorio, también senador del PRD, hizo notar que el delito “vulnera la situación ya muy lamentable en la que se encuentra Petróleos Mexicanos”, que con el ajuste de 100 mil millones de pesos se pone en riesgo la exploración y producción de hidrocarburos.

Desde su escaño, el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del PT, dijo que en Puebla “es un escándalo”, pues en carreteras se vende el combustible extraído de manera ilícita y “no hay la menor duda de que hay una brutal corrupción en todos los niveles de gobierno”.

Consideró que no se puede liberar a los gobernadores de esta responsabilidad. No se trata, agregó, de un tema electoral sino de responsabilidad política: “un escándalo como el que tiene Moreno Valle en el estado, debería ser un problema de Moreno Valle, aunque sea federal”.