Por: Redacción

El Senado de la República exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que capacite y dé empleo como inspectores para la protección de recursos naturales a pobladores de comunidades indígenas del estado de Guerrero.

Lo anterior, a fin de contar con el número suficiente de elementos para realizar las tareas de vigilancia que eviten la tala ilegal, cometida por bandas organizadas, apoyadas con equipo de radiocomunicación y armas de fuego, cuya actividad se asocia con otros delitos, como el robo de vehículos y el secuestro, entre otros.

Asimismo, llamó a la Semarnat a que promueva la reforestación, restauración y conservación de las zonas boscosas; así como a ejecutar proyectos de largo plazo para aprovechar sustentablemente los recursos y atractivos naturales que involucren a las comunidades indígenas de Guerrero.

Cabe recordar que los bosques, selvas y otras áreas forestales de esta entidad federativa cubren 5.2 millones de hectáreas, los cuales corresponden al 81 por ciento de su territorio; aproximadamente cuatro millones de hectáreas son ocupadas por bosques templados y tropicales, que representan siete por ciento de la cobertura forestal nacional, que lo sitúa como la quinta entidad con mayor extensión forestal.

La Cámara de Senadores también exhortó al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, para que, a través Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, redoblen esfuerzos para frenar e inhibir los ilícitos forestales, en zonas de alta incidencia y riesgo en Guerrero.

De acuerdo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los delitos forestales más frecuentes son: el cambio de uso de suelo, incendios forestales, prácticas de extracción no controlada, aprovechamiento ilegal de productos forestales no maderables, la falta de seguridad en la tenencia de la tierra y la tala ilegal.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado, en su dictamen, aprobado en la sesión ordinaria del pasado 4 de noviembre, consideró que el involucramiento de las poblaciones indígenas de Guerrero, generará beneficios en las comunidades que padecen alta vulnerabilidad social y ambiental.