Por: Redacción

Ante el cambio climático, México debe aumentar la resiliencia –capacidad de adaptación– de la población ante los fenómenos hidrometeorológicos extremos, implementar un sistema de alerta temprana y contar con un gobierno abierto que ofrezca información a tiempo, para que la sociedad esté preparada ante contingencias derivadas de dichos fenómenos.

Así lo señalaron diversos especialistas durante la mesa de trabajo “Gobernanza de recursos naturales y cambio climático”, para la construcción del Plan de Acción 2016-2018 de México en la Alianza para el Gobierno Abierto, convocada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República.

La finalidad es proteger los recursos naturales, renovables y no renovables, de América Latina, ya que la región cuenta con 12 por ciento de la superficie cultivable, 25 por ciento de los biocombustibles, 33 por ciento del estaño, 65 por ciento de las reservas de litio, 49 por ciento de las de plata, 44 por ciento de las de cobre; y además es la región más mega diversa en cuanto a recursos renovables.

Subrayaron que el Plan de Acción 2016-2018 debe tener como hilo conductor la titularidad de derechos y la igualdad, con respecto a los recursos naturales, además de incorporar el acceso a los bienes públicos, la salud, la educación y la movilidad territorial.

La senadora Luz María Beristain, secretaria de la Comisión Especial de Cambio Climático, señaló que el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo deben ser los principales promotores de cambio en las políticas públicas para evitar “calamidades” causadas por el cambio climático.

Reconoció que la participación ciudadana y el gobierno abierto son dos componentes importantes para afrontar el fenómeno del calentamiento global. Dijo que otros países han abierto canales para que participe la sociedad, como Chile, que aceleró la implementación del principio 10 de la Declaración de Río de 1992, desarrollando marcos de políticas nacionales y regionales que promueven el derecho de los ciudadanos a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Patricia Kurczyn, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dijo que la alianza para el gobierno abierto representa un espacio para el diálogo que permite, en colaboración con la sociedad civil, que el gobierno asuma compromisos con el potencial transformador de la calidad de vida de las personas.

Señaló que en el proceso de construcción del Tercer Plan de Acción se ha privilegiado la participación de la sociedad, lo que se refleja en la realización de consultas en línea y jornadas abiertas para la identificación de problemas.

En su turno, Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), advirtió que se debe incrementar la resiliencia de la población ante los fenómenos hidrometeorológicos extremos asociados al cambio climático.

Además, se debe tener como meta la implementación de sistemas de alerta temprana para que la población se proteja de estos fenómenos naturales; las alertas representan el primer recurso que hace valer el derecho de los ciudadanos a contar con información, a tiempo, de que su vida está en riesgo.

Alejandra Lagunes Soto Ruiz, coordinadora de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, comentó que el gobierno federal tiene un firme compromiso de transformación, y una de las herramientas que tiene es el gobierno abierto, mediante la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el uso de tecnología de innovación de datos abiertos.

Detalló que actualmente el gobierno de México se encuentra en el décimo lugar de gobiernos abiertos, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por encima de la media, lo que significan más de 13 mil conjuntos de datos.

Rocío del Carmen Alatorre, comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dijo que la Cofepris está alineada a la iniciativa de estrategia digital nacional, con la finalidad de informar a la sociedad si existe algún riesgo asociado a fenómenos naturales.

Detalló que la Comisión cuenta con 32 líderes estatales de cambio climático, uno en cada entidad federativa, a los que les transfiere recursos monetarios a través de un fondo, para que realicen actividades delineadas dentro del programa especial de cambio climático.

Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señaló que el mayor obstáculo ante el cambio climático está en no entender la vulnerabilidad costera, la importancia de los manglares y de la integridad ecológica como un gran medio de resiliencia.

Dijo que en la gobernanza de los recursos naturales se debe vencer la cultura de los privilegios, y una forma para hacerlo es mediante la información, para que la sociedad ejerza su poder de gobernar; sobre tres principios: la propiedad, los modos de apropiación y la distribución de las ganancias y rentas obtenidas de los recursos naturales.