Por: Redacción

El Senado de la República aprobó reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de que se capacite a personal de procuración de justicia, policiaco y a funcionarios responsables de la prevención y atención de esta problemática en el país.

Se modifica la fracción III del artículo 38 de dicha ley, a fin de incorporar el precepto de violencia de género dentro del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

En representación de la Comisión Para la Igualdad de Género, la senadora Martha Elena García Gómez, destacó la necesidad de hacer conciencia sobre los aspectos sociales que implica la violencia de género, pues “es uno de los flagelos más graves que afecta a la sociedad y representa una constante violación a los derechos humanos”.

La senadora del Grupo Parlamentario del PAN indicó que estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que 63 de cada 100 mujeres de más de 15 años, reconocen haber sufrido un incidente de violencia por parte de su pareja u otras personas.

Por su parte, la senadora Lucero Saldaña Pérez señaló que la violencia más dramática, es el feminicidio, en la mayoría de las veces perpetrado por personas cercanas a la víctima.

Indicó que menos del 20 por ciento de los asesinatos de mujeres han sido juzgados como feminicidios; por ello, dijo “necesitamos fortalecer la visión del juzgador en la perspectiva de género y de derechos humanos”.

Al respecto, la senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Angélica de la Peña, expuso que la integración del término de violencia de género, es un requisito fundamental para garantizar el pleno goce de los derechos de las mujeres, en todos los ámbitos, y se pronunció por fortalecer los avances que ha logrado el Poder Legislativo, dependencias de gobierno y organizaciones no gubernamentales, para erradicar la violencia contra las mujeres.

El dictamen se aprobó con 89 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, y se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.