Por: Redacción

El Pleno del Senado de la República aprobó este jueves, en lo general, con 88 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, el proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y remitió el documento a la Cámara de Diputados.

Tras desechar diversas reservas al dictamen, la asamblea aprobó el dictamen en lo particular con 77 votos a favor, cinco en contra y una abstención.  Senadores de los diferentes grupos parlamentarios argumentaron a favor y en contra del dictamen, que también abroga la actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

A nombre del Grupo Parlamentario del PT, la senadora Layda Sansores San Román consideró que el proyecto en el Ejecutivo Federal “es una regresión y un atentado contra las demandas ciudadanas que exigen mayor transparencia en la vida institucional, y que se han incrementado con los escándalos de corrupción” .

La senadora María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del PRI, destacó que representa el inicio de una “nueva etapa de la vida política del país que se regirá bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas y de un verdadero gobierno abierto”.

Al hablar en contra, el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del PT, aseguró que la ley no va de acuerdo con lo que se establece en el artículo 6° constitucional, ya que escamotea el principio de máxima publicidad de la información, dificulta los mecanismos de acceso a la información y se dejaron 13 causales de reserva.

La ley “no es el instrumento para perseguir la corrupción en el país”; además, viola los tratados internacionales firmados por México, sostuvo.

A favor, la senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Marcela Torres Peimbert, recalcó la participación de las organizaciones no gubernamentales para la construcción de la reforma, “si esta ley no obtuvo mayores retrocesos fue por la incansable presencia en el Senado”, no obstante reconoció que hubo demandas ciudadanas que no fueron incluidas en el documento.

La senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, señaló que la legislación en torno a la transparencia la que debería resolver el problema de fondo; no obstante, ésta es escasa y asimétrica, porque las obligaciones no son iguales para todos los sujetos obligados, es decir, ni para las empresas públicas y las privadas, ni para las firmas petroleras o las corporaciones eléctricas.

 

La senadora del PAN, Pilar Ortega Martínez, dijo que en materia de información criminal, se debe encontrar el equilibrio entre la información que debe ser pública y aquella que excepcionalmente debe reservarse, para que el Estado no comprometa su capacidad de respuesta frente a la delincuencia.

Frente a la crisis de seguridad que enfrentamos, es necesario que el debate público sobre el tema descanse sobre bases de información sistematizada y de fácil acceso, porque requerimos que la sociedad tenga pleno conocimiento de la situación real que ocurre en materia de seguridad y justicia, manifestó.

El senador del PRD, Isidro Pedraza Chávez, señaló que este instrumento es perfectible y representa una posibilidad para enriquecer otras legislaciones que permitan la posibilidad de que la rendición de cuentas no sea de “dientes para afuera”, sino que la transparencia en este país llegue para quedarse y se castigue puntualmente a los servidores públicos que no cumplan con su función.

Javier Corral Jurado, senador del PAN, adelantó que se abstendrá de su voto porque, a pesar de no ver retrocesos en la nueva ley, lo cierto es que en el Congreso no se alcanzó la transparencia respecto a los recursos públicos que se entregan a los grupos parlamentarios de los partidos políticos en el Senado y la Cámara de Diputados.

 

El senador del PRD, Zoé Robledo Aburto, expresó que la nueva ley cambia cosas de fondo, aunque no todas, “pero no podemos dejar de reconocer que sí es un buen arranque” para combatir los problemas que aquejan a la democracia mexicana.

Aseguró que seguirá insistiendo en que los políticos se comprometan a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos.

A favor del dictamen, la senadora Martha Tagle Martínez reconoció que, aunque sea a “cuentas gotas” y “muy lentamente”, se va recorriendo el camino de la transparencia, “por eso vale la pena apoyar este esfuerzo”.

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