Por Meztli Islas

El Senado de la República aprobó con 100 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual es aplicable en todo el país a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y que tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.

Cabe señalar que la Mesa Directiva informó que las comisiones dictaminadoras realizaron cambios a los artículos 2, 15, 23, 46, 52, 53, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 81, 124, 264; y, los transitorios 1 y 13, y la adición de un artículo 16 transitorio al dictamen por el que se expide esta Ley, los cuales fueron aprobados por la Asamblea.

Asimismo, la senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del PAN, propuso la modificación a los artículos transitorios 4 y 16, para quedar con la denominación siguiente: artículo 4, mecanismo de la revisión de las medidas de privación de libertad, y artículo 16 como coordinación de programas para la prevención del delito.

El Pleno del Senado aprobó los cambios propuestos a los artículos transitorios, mismos que no modificaron de fondo el dictamen.

Al presentar el dictamen a nombre de la comisión de Justicia, su presidente, el senador Fernando Yunes Márquez, subrayó que la aprobación de esta legislación aportará un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se les atribuya la comisión de participación de un delito, que tengan entre doce y dieciocho años de edad, aunque enfatizó que también garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona y los derechos específicos que le son reconocidos a los menores de edad.

Subrayó que la actuación de las instituciones, tribunales y autoridades encargadas de la aplicación del sistema penal para niñas, niños y adolescentes debe orientarse a proteger el interés superior del menor.

El legislador detalló que la Ley propone opciones de vida a este grupo poblacional, que les permitirán desarrollar todas sus capacidades y potencialidades de una manera positiva, para así lograr una verdadera reinserción social.

Explicó que la Ley contiene 266 artículos divididos en cinco libros: el primero, dijo, establece las reglas generales y principios que norman el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y los derechos de este sector poblacional y, en cuanto a los principios rectores, dijo, se atiende al principio de oralidad, al principio de publicidad, al principio de contradicción y al de concentración.

Señaló que el segundo libro prevé los mecanismos y las soluciones alternas para las controversias que puedan derivar un acuerdo reparatorio; en el tercero se establecen los procedimientos y los supuestos bajo los cuales se considera que se comete un hecho tipificado como delito y sus grados de responsabilidad.

Indicó que el libro cuarto, el de Ejecución de Medidas, prevé todas las medidas destinadas a asegurar el cumplimiento y el trámite y resolución de los incidentes; y el quinto libro, denominado Prevención Social de la Violencia, precisa el conjunto de políticas, estrategias y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia y combatir las causas que lo propician.

La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, subrayó que esta ley va de la mano con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y permite lograr que se tenga una visión integral del ejercicio de los derechos de este sector para que se puedan prevenir las situaciones de involucramiento de delitos y lograr también un resarcimiento de sus derechos.

Consideró destacable que el sistema de autoridades, instituciones, tribunales encargados de la procuración e impartición de justicia prevé que los operadores, es decir, Ministerios Públicos, policías, juzgadores, defensores, personal de los centros de detención, tengan capacitación en la materia.

La senadora Martha Elena García Gómez, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, refirió que la ley obliga al Congreso a armonizar la legislación secundaria, por lo que es necesario observar el sistema de justicia penal para adolescentes.

Subrayó que el Senado de la República tiene el compromiso de analizar y discutir esta ley con responsabilidad, considerando las opiniones de todos los involucrados. Dijo que la justicia para adolescentes es una asignatura pendiente, y esta legislación lo resarce.

Al iniciar el posicionamiento de los Grupos Parlamentarios, la senadora Verónica González Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD, destacó la vulnerabilidad que padecen los jóvenes y detalló que 23 por ciento de los adolescentes de entre 15 y 17 años no tienen acceso a los servicios educativos.

Mientras que 35 por ciento de jóvenes de entre 17 y 24 años, abundó, no pueden obtener un empleo que les reditúe más de dos salarios mínimos al mes; por lo que el Estado tiene la obligación de establecer un sistema de atención integral de los jóvenes que hayan cometido algún ilícito y se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Al presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Pilar Ortega Martínez, subrayó que el proyecto incorpora aspectos procedimentales y procesales para adolescentes en conflicto con la ley penal, y establece el andamiaje necesario para concretar un régimen exhaustivo y complejo basado en un proceso acusatorio y oral, con los principios propios del sistema como la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

El dictamen, agregó, es de grandes alcances y será una pieza fundamental en la confección del nuevo sistema penal que México requiere y que el país demanda para una justicia plena.

La senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI, destacó que la protección del Estado para con los adolescentes debe ser más amplia y garantista, a diferencia de las personas mayores de edad. No obstante, precisó que el desafío es la capacitación de los operadores de la justicia, por lo que apuntó que en la Cámara de Diputados se deberá destinar un presupuesto directo para ello.

En el sistema integral de justicia para adolescentes impera el debido proceso y la intervención mínima de la subsidiariedad de la aplicación de sanciones, pero es importante también el equilibrio entre la justicia para adolescentes y el derecho de las víctimas, argumentó.

La senadora independiente, Martha Tagle Martínez, dijo que la ley transita de una visión tutelar a una garantista, ya que pone a los adolescentes como sujetos de derechos. El dictamen permitirá contar con medidas sancionatorias alternativas, permiten reintegrar a los jóvenes a la sociedad y restituir sus derechos.

Al hablar a favor, el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del PT, propuso precisar en la ley que hombres y mujeres adolescentes estén separados en los centros de reclusión y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos será un órgano auxiliar de justicia para adolescentes.

La senadora del PRI, Yolanda de la Torre Valdez, recordó el caso del “niño sicario” conocido como “El Ponchis”. Preguntó qué habría pasado si ese menor hubiera asistido a la escuela, tenido acceso a la salud, a la recreación, la cultura y al deporte, en lugar de haber sido enganchado por el crimen organizado. Si los niños en este país tuvieran acceso pleno a sus derechos esta ley no sería necesaria, apuntó.

En este sentido, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del PRD, expresó que “El Ponchis” era el ejemplo más claro del fracaso pedagógico del sistema educativo nacional; “había Ponchis por todo el país” producto de esa falla, recalcó.

Por el PAN, la senadora Silvia Garza Galván manifestó que con la reforma, México asume con responsabilidad los compromisos que todo Estado debe establecer en su legislación interna en materia de derechos humanos, y en especial sobre los derechos de los niños y jóvenes.

La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del PRI, asentó que el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes “cubre una de las más grandes omisiones”, pues no pasa de un esquema “tutelar ofensivo” a un modelo basado en el respeto pleno de los derechos humanos de los menores.