Por: Mugs Redacción
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), pactaron desarrollar acciones para prevenir y sancionar los delitos ambientales.
En reunión de trabajo, la Procuradora Arely Gómez González discutió con el Secretario Rafael Pacchiano Alamán, y el Titular de la PROFEPA, Guillermo Haro Bélchez, una agenda de trabajo en materia de protección y cuidado del capital natural del país.
Gómez González afirmó que la protección y preservación del medio ambiente constituyen tareas prioritarias para la PGR, en tanto que el titular de la SEMARNAT señaló que la gran colaboración interinstitucional que ha habido con las fuerzas de seguridad del Estado, incluida la PGR, en la prevención de los delitos ambientales no tiene precedente en nuestro país.
Entre los temas abordados, destacó el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en julio de 2015, en el que se recomendó la elaboración de una política criminal ambiental establecida en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Además, se acordó impulsar en conjunto en el Senado de la República la iniciativa para tipificar como delito grave la pesca y comercio ilegal de totoaba en el Golfo de California. En ese sentido, Haro Bélchez informó que a la fecha se han presentado más de 50 denuncias penales por este delito.
Las dos dependencias actualizarán el convenio de colaboración suscrito en 2004 para incluir la capacitación del personal de la SEMARNAT y la PROFEPA en los contenidos del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, principalmente en la cadena de custodia, así como en el intercambio de información entre los ministerios públicos federales y los inspectores ambientales.
Asimismo trabajarán en el diseño de un proyecto de iniciativa de Ley General de Responsabilidad Penal Ambiental, la cual sería presentada en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para que las procuradurías y fiscalías estatales aporten sus observaciones y análisis.
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