• El 21 de julio del año pasado, la CNDH emitió la recomendación 36VG/2020  a la Semar, FGR, Gobierno de Tamaulipas y Presidencia Municipal de Nuevo Laredo por la detención arbitraria y desaparición forzada de 27 personas entre  febrero y mayo del 2018.

Por: Oscar Nogueda/

La Secretaría de Marina (Semar) ofreció una disculpa pública, derivado de la Recomendación 36VG/2020, por la detención arbitraria y desaparición forzada de 27 personas, así como el asesinato de 12 durante febrero y mayo del 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Ante esta situación, el Contraalmirante Ramiro Lobato Camacho, titular de la Unidad  de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Semar, destacó que la institución castrense se compromete a colaborar con las  autoridades  correspondientes y, agotar los recursos necesarios en  el ámbito de su competencia, para  garantizar las medidas el acceso a la justicia.

“Ninguna palabra que  hoy se diga podrá redimir el perjuicio del que han sido objeto las víctimas, pero estamos claros esta es la ruta hacia una verdad que las dignifique,  además de que brinde consuelo, atención y apoyo a los afectados. A lo que nuestra institución compete, esta disculpa es un precedente hacia una estricta vigilancia de las operaciones navales y del respeto de los derechos humanos en el país”, señaló Lobato Camacho.

El Subsecretario de Migración, Población y Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, destacó que este evento es de gran trascendencia para el país, ya que las autoridades mexicanas reconocen su responsabilidad en este caso. Además, enfatizó que “no solo es saldar esta deuda con los familiares de las víctimas,  sino es un  esfuerzo para  alentar la no repetición de  estos hechos y que prevalezca un Estado de derecho”.

En ese sentido, subrayó la detención de 30 marinos  por su presunta participación en estos hechos y comentó que el Poder Judicial debe llevar a cabo  un proceso claro,  transparente y justo para deslindar responsabilidades y castigar a los  culpables.

Por ello, enfatizó que erradicar con la impunidad permitirá fortalecer a las instituciones,  garantizar el derecho a  la justicia y no repetición. Aunado a ello,  recordó que el eje central en materia de derechos humanos de la actual administración es el respeto a la dignidad y libertades de las personas.

“El Estado mexicano ha trasmitido un mensaje irrefutable continuaremos encarando el problema de  las desapariciones forzadas sin simulación y con firmeza para mitigarla y  castigarla.  Reiteramos el compromiso de combate y  erradicación de esta práctica,  de mano con las víctimas y organizaciones”, externó Encinas Rodríguez.

El 21 de julio del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 36VG/2020  a la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Gobierno de Tamaulipas y Presidencia Municipal de Nuevo Laredo por la detención arbitraria y desaparición forzada de 27 personas entre  febrero y mayo del 2018.  Cabe destacar que 12 víctimas fueron encontradas sin vida en brechas y entierros clandestinos.

La Comisión reconoció las desapariciones forzadas en los 27 casos, ejecuciones extrajudiciales en 12 y agravio al derecho a la inviolabilidad del domicilio de 15 familiares de las víctimas. Asimismo, mencionó que los elementos navales violaron la  integridad personal por los tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados de seis personas más, y a la verdad y al acceso a la justicia de 17 familiares de las víctimas.

El 21 de abril 2020,  la Marina aceptó  la recomendación de la CNDH y el pasado 9 de abril la  FGR ejecutó las órdenes  de aprensión contra 30 elementos navales por su presunta participación en los hechos denunciados. Actualmente, se encuentra declarando  ante las autoridades judiciales.

Luciana Montaño Pomposo, coordinadora de seguimiento de recomendaciones de la CNDH, mencionó que dos personas liberadas reconocieron a los marinos como perpetradores de estos hechos, así como enfatizó que las violaciones a los derechos humanos,  documentadas en la recomendación, afectaron el núcleo familiar de las victimas

Por ello, externó que este acto de reconocimiento público, permite visibilizar  a las víctimas. Asimismo,  detalló que el siguiente paso es la reparación integral del daño, el cual debe tomar en cuenta la búsqueda y localización de las 13 víctimas que permanecen desaparecidas.

“Estos lamentables hechos no  deben pasar a ser parte de la amnesia histórica del país, sino que pasen a los anales de la historia como un recordatorio solemne y que se evite que hechos similares se repiten y que, con estas acciones,  las instituciones  involucradas recuperen la confianza  de la ciudadanía”, apuntó Montaño Pomposo.

Adicionalmente, refirió que, a partir de la “guerra contra el narcotráfico”, aumentaron la violencia y las violaciones a los derechos humanos  por parte de las Fuerzas Armadas. A pesar del reto de garantizar la seguridad en el país, la representante de la CNDH sostuvo que ninguna autoridad puede ser laxa en casos de violaciones de derechos primordiales, así como no se puede tolerar ni justificar hechos arbitrarios de las instancias de seguridad.

En su intervención, Omar Amezcua, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, señaló que la acumulación de casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo conformó una situación de extrema gravedad, lo cual amerito un comunicado directo del Alto Comisionado de la ONU para cesar esta práctica.

Por esta razón, saludo la presencia de Alejandro Encinas y del contraalmirante Lobato Camacho en este acto, el cual sienta un precedente para el acceso al derecho a la reparación del daño y redignifica a las familias de las víctimas. También, llamó a las autoridades a incluir a los afectados en las acciones de búsqueda, desde la planeación  hasta la ejecución.

Jessica Molina Rodríguez,  representante de las víctimas, reconoció que, en tres años, se han realizado reuniones con las autoridades encargadas sin  que haya resultados, sin acciones  para la reparación del daño y la investigación de delitos vinculados a la presidencia municipal.

“Esto fue un crimen. No borra el sufrimiento ni angustia, pero permite seguir caminado con la frente en alto sin esconder nuestros rostros, nos da la tranquilidad que no solo nosotras  sabemos que siempre dijimos la verdad, que fueron los marinos. Esperamos que con este acto, cese la campaña de desprestigio en nuestra contra”, expresó Molina Rodríguez.

Las autoridades municipales y estatales reiteraron su compromiso con el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos primordiales. A nivel municipal, indicaron que se están llevando a cabo políticas públicas para inculcar la cultura de la legalidad, prevención del delito y de conductas antisociales, y cumplimiento de deberes.

Las autoridades de Tamaulipas están implementado tecnologías para recabar evidencia sobre el actuar de las instancias de seguridad estatales y la construcción de casos, así como capacitaciones para elevar la coordinación institucional con apego a los derechos humanos.