• El colectivo recordó que  el municipio del Pabellón de Arteaga, el municipio  de Colima y el gobierno Michoacano impugnaron el acuerdo presidencial porque el decreto presidencial incumple el mandato constitucional sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública de México.

Por: Oscar Nogueda/

El Colectivo Seguridad Sin Guerra exhortó a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a votar en contra del proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Este proyecto   desecha la controversia constitucional 90/2020, sobre el Acuerdo Presidencial del 11 mayo, presentada por Laura Rojas Hernández, ex presidenta de la Cámara de Diputados.

El proyecto  de la ministra Esquivel coincide con los argumentos del recurso de reclamación 54/2020-CA, promovido por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. En ese sentido, coincidieron en que la ex presienta de la Cámara de Diputados debió contar con la aprobación de la mayoría de los diputados para presentar la controversia de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Presidencial que faculta  a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública.

A pesar de ello,  el artículo 233 del reglamento de la Cámara de Diputados establece que “el Presidente podrá por sí mismo, en uso de la representación originaria que ostenta de la Cámara presentar demanda de controversia constitucional cuando lo estime necesario para defender los intereses de ésta, aún en los períodos de receso”.

Por tal motivo, el Colectivo Seguridad Sin Guerra destacó que Esquivel Mossa propone darle la razón a la Consejería Jurídica e impedir que la Corte estudie y resuelva sobre el decreto presidencial del 11 de mayo.

“La ministra Esquivel, quien asumió el cargo el año pasado a pesar de las críticas sobre cómo sus vínculos personales con el círculo cercano al Presidente podrían generar conflictos de interés, propone darle la razón al consejero jurídico, y así impedir que la Corte estudie el fondo de la controversia y resuelva sobre la constitucionalidad del Acuerdo Militarista.  Esto lo hace aprovechando  la tensión generada por el inminente revés que la Corte daría a la propuesta de consulta popular del Presidente”, señaló Seguridad Sin Guerra.

El pasado 21 de junio, Rojas Hernández presentó la controversia constitucional por el decreto que permite la injerencia del Ejército y de la Marina en tareas de seguridad pública, la cual fue admitida por la ministra Margarita Ríos Farjat.

El Presidente López Obrador sostuvo que la entonces presidenta de la Cámara baja no tenía las facultades para presentar este recurso jurídico, por lo que la Consejería Jurídica presentó dicho recurso de reclamación para que los ministros desecharan la controversia.

El colectivo recordó que  el municipio del Pabellón de Arteaga, el municipio  de Colima y el gobierno Michoacano impugnaron el acuerdo presidencial porque el decreto presidencial incumple el mandato constitucional sobre la participación extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública de México.

“El uso extraordinario y acotado de las Fuerzas Armadas hasta 2024 es un elemento fundamental de la reforma de la Guardia Nacional  y una obligación internacional del estado, fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos  e inscrito en nuestra Constitución”, señaló Seguridad Sin Guerra.

El Colectivo subrayó la necesidad de estudiar  la constitucionalidad del Acuerdo Presidencial  y resuelta para garantizar la seguridad jurídica y los límites  de la actuación militar. Asimismo, mencionó que la construcción de paz en el país y la autonomía del Poder Judicial se encuentran en medio de esta resolución.

El día de mañana, la Segunda Sala de la SCJN resolverá sobre el recurso de reclamación, del Ejecutivo Federal, en contra de la controversia constitucional de la diputa Rojas Hernández.