Por: Redacción/

En la comparecencia del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, con motivo de la Glosa del Sexto Informe de gobierno, diputados de Morena, PAN, PRI, PES, PT, MC, PRD y PVEM lo cuestionaron sobre delincuencia organizada, lavado de dinero, protección a migrantes y las acciones para regionalizar la Seguridad Pública Federal de la nueva administración.

El titular de la Segob refirió que la “balcanización” de organizaciones criminales, que con mucha violencia disputan plazas, regiones y ciudades, es parte de un proceso de transición demográfica a epidemiológica e, incluso, democrática del país. “Consideró que la estrategia debe dirigirse a analizar de forma integral, y con un debate muy serio, la legalización de algún tipo de sustancias”.

“No quisiera yo tampoco opinar sobre eso. Tendrán seguramente un largo debate que hacer y sobre si eso disminuye la violencia, y si ayuda o no a la salud pública, tema que se ha debatido en la ONU, en el mundo y en varios países”, comentó.

Por su parte, Humberto Pérez Bernabé (Morena) afirmó que el Estado, de manera consciente, cedió terreno a la delincuencia y se replegó en más del 70 por ciento del territorio nacional. “Se abandonó a su suerte a más 40 millones de personas”. También cuestionó la falta de decisión que permitió que la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria (SAT), no procediera en casos de la delincuencia organizada y lavado de dinero.

El diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría, de Morena, pidió al titular explicar cuáles son las estrategias enmarcadas en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violancia y la Delincuencia (Pronapred) que se han cumplido, en qué porcentaje y en dónde, en razón del presupuesto que ha tenido del 2013 al 2018, mayor a 10 mil millones de pesos, así como los resultados frente al problema de tomas clandestinas y el robo de trenes, en donde Puebla se ha colocado en primer lugar de estos delitos.

La también diputada de Morena, Julieta Vences Valencia, preguntó cómo la Segob garantiza la libertad de la población migrante y por qué el Instituto Nacional de Migración continúa acumulando casos de niños no acompañados. Asimismo, cuestionó la respuesta del Estado mexicano para hacer valer los derechos de quienes forman parte de la caravana centroamericana.

El secretario de Gobernación afirmó que no existe ninguna estación migratoria donde un menor carezca de la asistencia de sus padres. “Todos los infantes indocumentados se han canalizado a centros médicos y después al DIF. Los que se acompañan de un adulto, particularmente de sus tutores, dijo, permanecen en estación migratoria y no hay razón para separar familias”.

En este sentido, el funcionario apuntó que se ha destinado recursos desde 2013 a la fecha, para atender 121 polígonos mediante mecanismos de intervención. Con respecto a las tomas clandestinas, expuso que se han realizado operativos para poder ir contra los extractores de gasolina, pero las poblaciones donde se cometen se defienden “poniendo por delante mujeres y niños e impidiendo que se puedan ejecutar o cumplimentar órdenes de aprehensión que han surgido”.

Por el PAN, el legislador Armando Tejeda Cid, inquirió sobre la falta en la estrategia de seguridad del sexenio ¿Fue un acierto haber desaparecido la Secretaría de Seguridad Pública Federal? ¿Cuál es el saldo positivo que deja este gobierno, en materia de seguridad, y hacia dónde tendría que dirigirse en los próximos años? ¿Qué opina de las acciones que pretende implementar y regionalizar la Seguridad Pública Federal del nuevo gobierno en la materia?

El diputado priista, Rubén Moreira Valdez, pidió saber cuál es la postura del gobierno mexicano, respecto a la caravana de migrantes centroamericanos. Después de entrar al país, ¿se les va a dar algún tipo de permiso? si son rechazados en Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Además, solicitó información sobre todos aquellos pobladores de África, Centroamérica y El Caribe, que están estacionados en nuestro país, al no lograr acceder a Estados Unidos.

El titular de Segob explicó que la caravana migrante se da bajo un difícil proceso electoral y del cual el gobierno de México es absolutamente respetuoso. Precisó que el cálculo es que la integran alrededor de cuatro mil personas. “Nuestra postura es de reconocer la migración como un derecho humano, y que es un fenómeno que obedece a causas estructurales de carácter humanitario o laboral”.

La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (PES) pidió al funcionario informar cuántas órdenes de aprehensión se solicitaron por el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, cuántas se cumplimentaron y el número de las que faltan.

Al dar contestación, el titular de Gobernación indicó que la carpeta de investigación y su determinación corresponden a la Procuraduría General de la República y a su titular; sin embargo, puntualizó que han sido procesadas 69 personas por delito de secuestro y otras 50 por diversos delitos, ya sea delincuencia organizada y portación de armas, entre otros.

La diputada Margarita García García, del Partido del Trabajo, aseguró que el secretario de Gobernación es titular de la agencia 30/30 de la Lotería Nacional de Hermosillo Sonora, de donde obtiene ganancias ilícitas, ya que la normatividad prohíbe que los funcionarios y empleados federales y de las entidades tengan dichas agencias para su beneficio. “Mientras ustedes ganan y viven como virreyes, los cuerpos encargados de la seguridad pública federal, estatal y municipal van a combatir la delincuencia en condiciones deplorables”.

Navarrete Prida respondió: “Su servidor no tiene ingresos de carácter ilícito.Dos. Su servidor paga impuestos sobre las cantidades de recursos que recibe como emolumentos; las declara, las audita y no las esconde.

Tres. Aquí hay un exdirector de la Lotería Nacional, que por cierto no tiene que ver con este asunto, el mío data desde 1998, y sabe perfectamente que no entro en conflicto de interés porque en ningún caso intervengo en asuntos en donde pueda tener un interés personal”.

El diputado Jacobo David Cheja Alfaro, de MC, cuestionó que a mediados del año pasado un importante número de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas fueron afectados por el programa de espionaje Pegasus, que supuestamente fue adquirido para investigar a grupos criminales y cárteles de la droga. “¿Se dispuso de fondos públicos para adquirir dicho software? ¿Existe algún funcionario del gobierno federal que haya sido responsable de los abusos o sancionado por esta situación?”

Navarrete Prida aclaró que a su llegada a la Secretaría de Gobernación preguntó si el Centro de Investigación y Seguridad Nacional contaba con ese equipo en particular. “Sé que hay una investigación que está en la esfera de la Secretaría de la Función Pública, y si se realizó alguna actividad que esté fuera del marco legal debe de indagarse, y no solo eso, debe sancionarse”.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM, manifestó su preocupación de que nazcan en nuestro país más de 400 mil bebes de madres menores de 19 años anualmente, es decir, uno de cada cinco embarazos, según la Secretaría de Salud; más de nueve mil nacimientos en 2017 sucedieron en niñas de 10 a 14 años, de los cuales poco más de 700 fueron alumbrados por niñas de entre 10 y 11 años de edad. ¿Cuál es el fondo de esta problemática? y ¿qué medidas ha tomado la Secretaría de Gobernación?

El secretario Alfonso Navarrete Prida señaló que desde 2015 se implementó en el seno del Consejo Nacional de Población (Conapo) una estrategia trasversal que tuvo como objetivo concientizar y ayudar a que la tasa de fecundidad en mujeres adolescentes pudiera disminuir a través de estar mucho más informadas. “Después de que se aplicó esta acción, bajo de 77 nacimientos por cada mil menores en 2012, a 70 en el año 2018”.

Para rectificación de hechos, participaron desde su curul, los diputados de Morena, Flora Tania Cruz Santos, Sandra Paola González Castañeda, Araceli Ocampo Manzanares y Azael Santiago Chepi; del PRI, Lucero Saldaña Pérez, Benito Medina Herrera, Ricardo Aguilar Castillo y René Juárez Cisneros, y del PVEM, Beatriz Manrique Guevara y Jesús Sergio Alcántara Núñez.