• Las agresiones con más registros fueron las amenazas con 70.2 por ciento, ataques físicos con 21.8 por ciento, robos con 6.9 por ciento, persecución con 6.7 por ciento, privación de la libertad con 4.8 por ciento y secuestro con 2.1 por ciento.

Por: Oscar Nogueda/

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que, durante la actual administración, se han contabilizado el asesinato de 47 periodistas. Hasta el momento, solo se ha dictado sentencia en 5 casos, es decir se tiene una impunidad del 89.37 por ciento en estos hechos.

De acuerdo con el informe sobre “Agravios contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, Sonora, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Estado de México y Oaxaca concentraron el 61 por ciento de estos homicidios.

Asimismo, cinco de las víctimas fueron mujeres periodistas, mientras que 47 fueron hombres. Además, el 31 por ciento de las víctimas cubrían la fuente policiaca, el 17 por ciento política, el 15 por ciento información diversa, deportivo y cultural, y 11 por ciento denuncia ciudadana.

Aunado a ello, las autoridades federales reconocieron el asesinato de 7 periodistas pertenecientes al Mecanismo Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPPDDHP) entre 2017 y 2021.

De estos casos, 4 se encuentran con una carpeta de investigación en trámite y sin detenidos, mientras que las tres restantes están vinculadas a procesos con un total de cuatro detenidos.

Por otro lado, el informe mencionó la adición de 708 personas al MPPDDHP durante la actual administración, lo cual significa un incremento del 88 por ciento.

Las autoridades indicaron que este aumento se debe a una mayor confianza en el actual gobierno, mayor visibilidad del Mecanismo, acercamiento con organizaciones civiles y de personas, así como el incremento de la violencia en el país.

Hasta la fecha, se encuentran adscritos al Mecanismo 495 periodistas, de los cuales 136 son mujeres y 359 hombres. Cabe destacar que el 54 por ciento de los comunicadores pertenecientes a este organismo se concentran en Ciudad de México, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo, Sonora y Veracruz.

En ese sentido, el 61.3 por ciento de los periodistas integrados al Mecanismo son de la fuente política, el 46.5 por ciento de la policiaca, el 2.4 por ciento de sociales, 2.2 por ciento de cultura y deporte, y 1.9 por ciento de información diversa.

Las agresiones con más registros fueron las amenazas con 70.2 por ciento, ataques físicos con 21.8 por ciento, robos con 6.9 por ciento, persecución con 6.7 por ciento, privación de la libertad con 4.8 por ciento y secuestro con 2.1 por ciento.

Respecto a los perpetradores de la violencia contra la prensa, el 43.1 por ciento fueron servidores públicos, el 33.5 por ciento fueron integrantes del crimen organizado y el 23.4 por ciento no fue identificado.

De acuerdo con el informe, los factores que fomentan las agresiones contra estas periodistas y defensores de derechos humanos son el crimen organizado, la impunidad, corrupción y colusión de autoridades y grupos delictivos, el incumplimiento de las obligaciones de los municipios y estados en la materia, así como la falta de cultura sobre la importancia de la labor de estas profesiones.

Por lo anterior, el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, subrayó la importancia de que las autoridades locales cumplan con su responsabilidad en prevenir las agresiones y amenazas contras periodistas y activistas.

“Si lográramos disminuir las agresiones o amenazas que provienen de la propia autoridad, que ese es un dato alarmante, cómo el principal agresor y factor de riesgo es la autoridad en el ámbito municipal con grupos delictivos, tendríamos un resultado muy significativo”, apuntó Encinas Rodríguez.

Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, enfatizó que las autoridades de los tres ordenes de gobierno y figúrenles poderes están involucrados en la protección y prevención de agresiones contra este sector.

Asimismo, puntualizó que el Mecanismo es una herramienta extraordinaria y no suple las obligaciones de seguridad y protección de las policías locales, así como de las fiscalías.

“Tenemos seguir recalcando que el mecanismo es una medida extraordinaria, lamentablemente en los últimos años no es así. Somos un área de primer contacto ante la deficiencia y la falta de voluntad política de las diferentes autoridades, es el mecanismo quien entra en primer sentido y quien se ha hecho cargo del 85 por ciento de las medidas que otorga el mecanismo son vía su presupuesto”, explicó Irazoque Palazuelos.

Por ello, las autoridades federales establecerion una ruta de reformas legislativas y procedimientos para revisar el marco legal del Mecanismo, asimismo se firmarán convenios con los estados para generar una política pública de prevención contra las agresiones y amenaza contra periodistas y defensores.

Por último, se intensificará la proyección de los casos vigentes y se formarán protocolos estrictos de seguridad.