Por: Redacción

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) dar a conocer el informe en el que se especifiquen o detallen las inconsistencias detectadas en el manejo de los recursos otorgados a Veracruz con motivo del subsidio del Programa Nacional de Prevención del Delito, referidas por la Auditoría Superior de la Federación.

La particular que solicitó la información se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI porque en lugar del informe detallado de las inconsistencias, la dependencia le proporcionó el documento de la “Auditoría 113 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014”, el cual especifica las recomendaciones al desempeño.

En alegatos, la Segob refirió que el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014, otorga a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana facultades para llevar a cabo las gestiones necesarias que le permitan verificar la consistencia de las cifras establecidas en el Programa.

En ese sentido, puso a disposición de la particular los oficios que dan cuenta de dichas gestiones de revisión. Sin embargo, en el análisis del caso, a cargo de la ponencia del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, se advirtió que la información proporcionada no corresponde con la solicitada, es decir, no da cuenta de las inconsistencias detectadas en el manejo de recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito en Veracruz.

Se señaló que, de conformidad con el Acuerdo referido por la Segob, las entidades federativas deben abrir una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos otorgados para dicho programa y remitir los estados de cuenta y los informes sobre el ejercicio de los recursos, para que la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana verifique la consistencia de las cifras.

El Acuerdo establece que si en este proceso de verificación la Subsecretaría advierte inconsistencias, debe hacerlo de conocimiento de la entidad federativa, para que ésta justifique el incumplimiento o manifieste lo que a su derecho convenga.

Con base en lo anterior, se concluyó que la dependencia debe contar con un informe en el que se especifiquen o detallen las inconsistencias referidas por el particular ya que, de acuerdo con sus atribuciones, a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana le corresponde revisar y, en su caso, reportar a las entidades federativas las inconsistencias en los recursos asignados al programa.

Por lo expuesto, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Segob y le instruyó entregar a la particular el informe de su interés.