Por Javier Divany Bárcenas

En reunión con la Comisión de Desarrollo Social, el Abogado General y Comisionado para la Transparencia de la Sedesol, Emilio Suárez Licona, aseguró que programas como Liconsa, Estancias Infantiles, Diconsa, Injuve, Inapam y Prospera “continuarán con su funcionamiento habitual, siendo cuidadosos en las semanas clave previas a la jornada electoral”.

Mencionó también los programas de Adultos Mayores, Seguro de Vida para Jefas de Familia, Atención a Jornaleros Agrícolas y Comedores Comunitarios, los cuales tampoco se suspenderán, debido a que se generaría una mayor condición de vulnerabilidad en los beneficiarios sociales o se podrían violentar sus derechos humanos por la naturaleza del mismo programa o la conformación del padrón.

Suárez Licona dijo que aquellos programas cuyo padrón está sujeto a convocatoria, “se recanderizarán posteriormente a las elecciones”. En este caso son: Inversión Social, Empleo Temporal, Fomento a la Economía Social, Opciones Productivas y Tres por Uno.

El presidente de esta instancia legislativa, diputado Javier Guerrero García (PRI), explicó que la reunión es importante no sólo por la coyuntura del tema, sino por el esfuerzo que hace la Sedesol en materia de transparencia.

Un tema importante a destacar, comentó, es la capacidad que se tenga para transmitir la información y los criterios con que operan los programas, así como el tipo de empoderamiento de la población.

Mencionó que uno de los aspectos importantes es el de comunicación en lengua indígena, donde las reglas de operación de los programas ya se encuentran en sus lenguas.

En su intervención, Suárez Licona destacó que en el marco de las determinaciones de cada programa social, la Sedesol ha instalado un comité central de legalidad y transparencia de blindaje electoral, en donde por primera vez se incorpora la participación de la contraloría social, integrada por los propios beneficiarios.

Precisó que se han instalado 14 comités preventivos de blindaje electoral, uno por cada entidad federativa donde habrá elecciones, los cuales cuentan con la participación de la contraloría interna, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y los órganos electorales locales, así como legisladores y contralorías de cada entidad que tienen incidencia.

Asimismo, expresó, en cada uno de estos comités se lleva a cabo un proceso de certificación de beneficiarios de los programas sociales, en cuanto a mecanismos de denuncia, derechos humanos y transparencia.

Aunado a ello, se creó un micrositio dedicado al blindaje electoral que concentra todas las acciones de coordinación institucional, de asistencia ciudadana y mecanismos de transparencia; además, se capacitó a mil 600 funcionarios del sector social involucrados con programas de estas 14 entidades federativas.

Señaló que uno de los retos es mejorar los mecanismos de fortalecimiento institucional de supervisión y control; por ello, el trabajo coordinado con la Fepade y el órgano interno de control para tener una sólida participación del sector social y promover el respeto a los derechos humanos de los beneficiarios.

Indicó que los comicios a celebrarse en 14 estados de la República, el próximo 5 de junio, se elegirán 12 gobernadores, 448 diputados y 965 alcaldes, para un total de mil 425 cargos públicos.

Dichas elecciones representan el 45.40 por ciento de la población votante del país y se concentra el 43 por ciento del número total de servidores públicos del sector social.

En términos de pobreza, enfatizó, se concentra el 42 por ciento de los pobres moderados de México, así como el 43 por ciento de los pobres extremos a nivel nacional.

Agregó que el blindaje electoral es una política de transparencia que da certeza a acciones efectuadas desde el sector social en el periodo electoral y su objetivo es prevenir y evitar que la ejecución de programas sociales influya en las contiendas electorales.

En su turno, titular del Órgano Interno de Control de Sedesol, Paulo Arturo Téllez Yuren, mencionó que dicho órgano participa en el comité central de blindaje electoral, el cual velará por que los servidores de esta dependencia y de los organismos sectorizados se conduzcan bajo principios de transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas.

Uno de los ejes rectores, acotó, es brindar certeza a los titulares de los derechos de cada uno de los programas sociales y delimitar el marco de acción de los servidores públicos, ya que “en ocasiones los propios servidores públicos no conocen los límites de sus actuaciones”.

En este sentido, continuó, el órgano interno desempeña funciones preventivas, y una de sus principales atribuciones es integrar, investigar y, en su momento, iniciar procedimientos en caso de sanciones en contra de servidores que se vean envueltos en irregularidades administrativas.

Por el Revolucionario Institucional, Jorge Alejandro Carvallo Delfín pidió al funcionario abundar acerca de las denuncias ciudadanas en torno al empoderamiento de los derechos políticos de quienes detentan un programa social y la prospectiva para el año 2016 en este aspecto.

Representando al PRD, la diputada Natalia Karina Barón Ortiz reconoció el esquema de denuncia de delitos delitos electorales de la Sedesol, aunque señaló que el conocimiento de tal mecanismo debe difundirse en todas partes del país, principalmente en zonas rurales, como las de Oaxaca, para que los habitantes puedan hacer valer sus derechos.

En su intervención, la diputada Ximena Tamariz García (PAN) solicitó información sobre los programas que han sido suspendidos y cuáles han sufrido alguna modificación.

La perredista Araceli Saucedo Reyes sugirió revisar los mecanismos del blindaje electoral, ya que es lamentable que en las regiones rurales estos programas se utilicen para intimidar a los beneficiarios en los procesos electorales para votar por algún partido político determinado.

Suarez Licona aseguró que una opción oportuna para difundir en las comunidades marginadas los mecanismos de protección y blindaje electoral de los programas sociales, es trabajar en conjunto con la Contraloría Social, que cuenta con 550 mil elementos en todo el país.

Para el proceso electoral del próximo 5 de junio, que tendrá efecto en 14 entidades, detalló que la Sedesol enfrenta el reto de divulgar esta información entre el 43 por ciento de los servidores públicos del sector social, además del 41 por ciento de los beneficiarios, esto es, cerca de 15 millones de personas.