Por: Redacción
En el contexto del conflicto magisterial, el sector privado calificó de fundamental la instrumentación de medidas que además de fortalecer la estabilidad macroeconómica, incidan positivamente en aquellos factores que son indispensables en el desarrollo del capital humano, como son la educación y la salud.
La importancia de fortalecer el Estado de derecho radica, por una parte, en que con ello se pueden eliminar aspectos como la corrupción, impunidad, ilegalidad e inseguridad, y por otra, estimula la inversión, generación de empleos, calidad de la educación, seguridad, salud y crecimiento económico, resalta.
En su reporte semanal “Análisis económico ejecutivo”, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señala que la corrupción ha sido un estímulo importante para el fortalecimiento de problemas tan serios como la impunidad e inseguridad.
Para el organismo de investigación y análisis del sector privado, el caso más reciente que recopila estos factores (corrupción, impunidad e inseguridad) es el movimiento magisterial disidente.
Indica que, por una lado, están todos los costos económicos generados por el bloqueo de carreteras y la destrucción de equipo de empresas y negocios, que ya suman varios miles de millones de pesos, sin considerar que esto se reflejaría en pérdida de empleos y deterioro del ingreso de las familias, en especial de las que menos tienen.
Aunado a ello, está el daño que ejercen sobre los estudiantes, al negarles el derecho a la educación, expuso el organismo.
Precisa que ya de por sí el nivel educativo de México es considerablemente como para que ahora los estudiantes tengan que enfrentar un paro de actividades indefinido ante el capricho de un pequeño grupo que, más que buscar un beneficio para el país, prefiere un sistema educativo arcaico y lleno de prebendas.
Estima que los beneficios deberían estar dirigidos a los estudiantes mediante un sistema educativo de calidad como la base principal del desarrollo de vida de la población, pues un mejor nivel académico significa, a la larga, la posibilidad de un mayor nivel de ingresos de los trabajadores.
El organismo advierte que el deterioro de la confianza que este entorno genera aumentará la percepción del riesgo para invertir, y considera que minimizar el problema sólo refleja la indiferencia por resolverlo.
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