Por: Redacción/

La Comisión de la Ciudad de México, que preside la diputada Cecilia Soto González (PRD), se reunió con el secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Edgar Amador Zamora, quien solicitó un aumento en el presupuesto para 2018 y ampliar el techo de deuda por mil millones de pesos, a fin de cubrir las necesidades originadas por el sismo del 19 de septiembre.

Precisó que se necesita una ampliación en el recurso, ya que cuando se envió la propuesta no había ocurrido el terremoto y el techo de deuda contemplaba 4 mil 500 millones de pesos, lo que implica un crecimiento de la deuda no mayor al dos por ciento, pero “los ingresos de la ciudad están creciendo a una tasa del 4 y 5 por ciento, por lo que no pensamos que tengamos algún problema”.

Enfatizó que “si nos elevan el techo de deuda, es una obligación que vamos a absorber nosotros y que está dentro del margen que la ciudad puede manejar y no le costaría nada a Hacienda”

El funcionario refirió que el Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México (Fonaden) cuenta con alrededor de 9 mil 549 millones de pesos, monto que se subdivide en dos mil 864 millones que había en la cuenta de contingencias naturales y 6 mil 684 contingencias fiscales.

Mencionó que de acuerdo con los institutos de Geofísica y de Ingeniería de la UNAM, “es muy probable que se espere un sismo de mayor intensidad en la Ciudad de México, por lo que si no se gastan los 9 mil millones de pesos del Fonaden no se podrá hacer frente a futuras contingencias”.

Durante la reunión, la diputada Soto González propuso la generación de un seguro obligatorio para la CDMX, con cargo al predial, a fin de repartir el riesgo y el costo sea pequeño, pues se tiene información de que en naciones como Turquía y Nueva Zelanda el precio promedio es de mil pesos al año. Al respecto, preguntó al funcionario si esta propuesta tiene viabilidad.

Pidió al secretario de Finanzas explicar los gastos de las reparaciones por el sismo y cuánto sería para vivienda, “para conocer el tamaño del problema”, ya que “he oído que para el traslado del cascajo serían 2 mil 500 millones”.

A su vez, inquirió sobre qué sucederá con las personas entre 60 y 70 años, quienes no cumplen los requisitos para recibir algún crédito.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín (Morena) propuso reorientar el 10 por ciento del presupuesto para el 2018, que se calcula en más de 17 mil millones de pesos, así como redestinar el 10 por ciento de los recursos programados no prioritarios 2017 que aún no se han comprometido, que ascienden aproximadamente a 2 mil millones de pesos y 6 mil mdp más en los remanentes libres de disposición que superan las metas de recaudación 2017. Además, hay 500 mdp de remanentes provenientes del superávit fiscal 2016.

El diputado panista Héctor Barrera Marmolejo consideró que es urgente garantizar que el Fonden se aplique sin distinción en la ciudad, y pidió se clarifique cómo se apoyará a la ciudadanía en la reconstrucción de sus viviendas, pues “tiene la inquietud de que ya demolieron su inmueble, pero no le han dicho el mecanismo que sigue”.

Ariadna Montiel Reyes (Morena) preguntó al funcionario si se conoce la magnitud del problema de infraestructura, a cuánto asciende el monto para la reconstrucción y cuál será el esquema de pago en los créditos para vivienda. El gobierno debe entender que el sismo no es culpa de nadie y que es su responsabilidad atender las etapas de contingencia.

El diputado Rene Cervera García (MC) expresó su desacuerdo por guardar dinero para futuras contingencias sin resolver las actuales. “Necesitamos atender las necesidades de esta población y pensar que si esto se va a mantener así, es no visualizar que estamos en una situación frágil”. Cuestionó de qué tamaño es el costo y con qué criterio y reglas se va a reorientar el gasto.

En tanto, la diputada Evelyn Parra Álvarez (PRD) estimó que la prevención es algo fundamental, pues si ocurre un sismo más fuerte las consecuencias serían muy serias. Preguntó cómo van a trabajar quienes laboran en inmuebles públicos que tuvieron afectaciones y cuál será la participación del gobierno en las escuelas dañadas. Asimismo, cuánto y cómo ha sido el apoyo de extranjeros.

La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz (Morena) inquirió cómo se le va a dar crédito a las personas mayores de 60 años y cómo se va a apoyar a los habitantes en zonas de barrancas. Con qué criterio están aplicando el tema de la entrega de cheque, expresó.

La priista María De La Paz Quiñones Cornejo solícito el plan de conteo del daño en casas-habitación y el censo de edificios públicos afectados por el sismo; pidió considerar a las personas que rentan, que no cuentan con los medios para adquirir una vivienda, pues cerca del 25 por ciento de los inmuebles afectados estaban arrendados.

El diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena) pidió se detallen los requisitos concretos para solicitar un crédito a la Secretaría de Finanzas, sea individual o colectivamente.

En su ponencia inicial, Amador Zamora expuso que después del sismo se presentaron afectaciones muy serias en Tláhuac, Iztapalapa, la planta de San Catarina, el viaducto Neza-Tlahuac que alimenta la red hídrica del oriente.

Explicó que ante el suceso natural se hizo la reflexión de cómo financiar la reconstrucción de viviendas, pues hay muchos tipos de casa-habitación popular que requieren un tipo de atención, pero en el caso de las delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc se necesita otro tipo de soluciones.

Anunció que se están buscando mecanismos para que la reconstrucción de patrimonios privados se realice con recursos públicos, que si bien existe una restricción legal que no permite esta tarea, reconoció se crearon herramientas que impulsen el financiamiento.

“Hemos trabajado con la Sociedad Hipotecaria Federal para generar un mecanismo potencializador de los recursos del Fondo de Atención a los Desastres Naturales (Fonaden) en la Ciudad de México, a fin de que el gobierno federal aporte hasta 90 mil pesos en un Fideicomiso de Hipotecario Federal, y por cada peso otorgado la ciudad destinará tres más”, explicó.

Además, continuó, se diseñó un programa para multiplicar este monto por cinco; este mecanismo es similar al utilizado en el proyecto Escuelas al Cien, el cual busca que cerca de 800 millones de pesos destinados para este fin aumenten a cuatro mil mdp, los cuales serán entregados en créditos.

Agregó que esta medida permitirá aumentar el radio de apoyo y maximizar el desarrollo fiscal de la ciudad. Los créditos que se darán oscilarán entre los 300 mil hasta los dos millones de pesos, a un plazo de 20 años con un interés del 9 por ciento.

El secretario de Finanzas dijo que solicitaron que el Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) fuera aplicado, “pues también se tiene derecho a acceder a éste, aunque nos argumentaron que en la ciudad no hay pobreza”.

Agregó que por ley la ciudad está obligada a asegurar sus inmuebles y la infraestructura pública, y cuentan con un seguro por hasta dos mil millones de pesos que cubre algunos aspectos de infraestructura, y en esta ocasión se están documentando los daños ocasionados, para que nos ayuden a financiar.

Refirió que el Fonaden creado por la CDMX establece que el 70 por ciento se destinará para las posibles contingencias fiscales y el resto para las naturales, es decir, estamos más preocupados por una baja en el ciclo económico que por los desastres de la naturaleza.

Edgar Amador Zamora comentó, por otra parte, que el estudio de la Máxima Casa de Estudios prevé que el temblor se origine bajo las costas de Guerrero, debido a que existe una brecha sísmica de 250 kilómetros de longitud, en donde podría ocurrir un sismo de magnitud superior a 8 grados; este segmento se encuentra aproximadamente a 300 kilómetros de la Ciudad de México, es decir, 150 kilómetros más cerca que la zona epicentral del terremoto de 1985.

Agregó que estimaciones hechas por sismólogos de la UNAM sugieren que “si este sismo ocurriera en un futuro, las aceleraciones del suelo blando de la Ciudad de México podrían ser, bajo ciertas condiciones, mayores que las del sismo reciente de magnitud 7.1 grados y de dos a tres veces mayores que las de 1985, en particular para edificios de más de 10 pisos”. La duración del movimiento del suelo sería mayor que las experimentadas en 2017, de alrededor de tres minutos en su fase intensa.

Por ello, enfatizó que “si nos gastamos los nueve mil millones de pesos y esto ocurre mañana, no vamos a poder atender esa contingencia. Creo que lo que nos deja esta lección, es que hay que estar preparados siempre. “El sismo va a ocurrir, la tragedia está a la vuelta de la esquina en todo momento”.

El secretario de Finanzas comentó que al concluir esta administración, “dejarán al menos tres mil millones de pesos, para que la ciudad tenga recurso con qué enfrentar la contingencia”.

Señaló que se podrían obtener 35 mil millones de pesos de reingeniería, pero se tendrían que dejar de hacer algunas cosas. Sin embargo, “no podemos tocar programas sociales, ni elementos básicos para la operación de la ciudad”. Además, se está implementando un programa de austeridad y “tenemos que enfocarnos a la reconstrucción”.

Respecto al cobro de predial a inmuebles colapsados, precisó que la Tesorería ya tiene registrados, dentro de la base del catastro, los que están siniestrados y afectados.

El funcionario dijo que por las necesidades de la ciudad y del rescate, se dieron 10 días de gratuidad en el transporte público, lo que costó arriba de 200 millones de pesos, es decir, una parte de los tres mil millones de pesos. Esos 200 millones no ingresaron, pero se tiene que dar dinero al Metro para que pague su nómina.

Refirió que demoler entre 25 y 30 edificios cuesta, aproximadamente, 200 millones de pesos. La Comisión de emergencia ha dictaminado, hasta el momento, 13 construcciones, pero siguen trabajando, indicó.

Resaltó que cuesta mucho construir, demoler y disponer del cascajo en la Ciudad de México. “La disposición de estos desechos en cualquier otra entidad, a lo mejor está a un par de kilómetros y aquí se tiene que llevar muy lejos. El confinamiento del cascajo saldrá quizá en dos mil millones de pesos”.

Afirmó que ya “llevamos cuatro mil millones de pesos y no hemos llegado a la infraestructura”, solamente se han usado en limpiar la ciudad.

En cuanto a los créditos de los adultos mayores que perdieron su casa, la edad no es suficiente para que califiquen, aunque tengan ingresos. Por lo tanto, aclaró, “se permitirá que la descendencia sea acreditada”.

Amador Zamora sostuvo que el costo de la reconstrucción es muy alto y añadió que, por supuesto, se aplicará el gasto y no se será mezquino en su ejecución, pero “nos preocupa agotar el fondo de contingencia, porque puede sobrevenir una catástrofe en cualquier momento”.

Expuso que no todos los edificios acordonados de color rojo van a demolerse; algunos requerirán reparaciones mayores. En el caso de los inmuebles clasificados en amarillo, instituciones como la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) apoyan sus mejoras.

Aclaró que no todos los apoyos entregados por particulares han llegado a la Ciudad de México y especificó que sólo se han recibido 22 millones de pesos en donativos, los cuales se encuentran en una subcuenta para garantizar la transparencia en su ejecución.

Finalmente, la comisión se declaró en sesión permanente, con el propósito de elaborar la opinión del presupuesto para 2018, ya que llevará a cabo diversas reuniones de trabajo con otros secretarios y funcionarios públicos.