Por: Alfredo Maza

A través de un comunicado de prensa, cinco Relatores Especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y dos Grupos de Trabajo del Consejo de Derecho Humanos de la misma organización, hicieron un llamado al Estado mexicano a rechazar el proyecto de Ley de Seguridad Interior por considerar que puede propiciar la repetición de violaciones a derechos humanos como ya ha sucedido por parte de las Fuerzas Armadas.

En el documento advirtieron que la Ley, aparte de contener ambigüedades y definiciones laxas respecto a las situaciones en las que las autoridades podrían hacer uso de la fuerza, podría provocar graves violaciones a derechos humanos como las cometidas por parte de las Fuerzas Armadas desde que se les asigno “un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad”.

Al respecto recordaron que los mecanismos de las Naciones Unidas han recomendado durante años que se restrinjan las funciones de las Fuerzas Armadas y se investigue y sancione debidamente a miembros que hayan cometido violaciones de derechos humanos, entre los que se pueden contar numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, incluyendo la violencia sexual, y otras formas de malos tratos.

Hicieron énfasis en la recomendación formulada en 2011 por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en las que se solicitó la retirada de las Fuerzas Armadas de las operaciones de seguridad pública.

“Teniendo en cuenta la trágica historia en las últimas décadas del continente americano, donde la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad interior ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad”, rechazaron el proyecto que se someterá hoy al pleno del Senado.

Consideraron que resulta muy alarmante que esta Ley se “lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales”, pues su aprobación podría suponer una debilidad en la garantía del respeto a los derechos humanos

Sostuvieron que una ley de seguridad debería “prever la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias” y “hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles”.