Por: Redacción/

Para atender las demandas en materia de alternativas de vivienda popular en la zona poniente de la Ciudad de México, el diputado Fernando Aboitiz Saro, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda en el Congreso capitalino, se reunió con los representantes de la Asociación Cruz de Palo Álvaro Obregón, integrada por familias de los mineros desalojados de predios expropiados en Santa Fe.

Ante las inquietudes de las y los vecinos participantes en esta reunión de atención ciudadana, el legislador de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social expuso que cada año se construyen en la capital alrededor de 10 mil viviendas, de una demanda rezagada de 400 mil viviendas de interés social que se requieren en la Ciudad de México.

Explicó que los desarrolladores inmobiliarios realizan pagos por diversos conceptos al Gobierno de la Ciudad de México, principalmente en materia de derechos de agua, infraestructura y medidas de mitigación ambiental.

“Con estos recursos alcanzaría para pavimentar las calles, arreglar tuberías de agua, reforestar, pero todo ese dinero se mete a la gran bolsa de la ciudad y se va para las becas, los apoyos sociales, la policía. Por ello desde el Congreso local se hizo una modificación al Código Fiscal para que se apliquen los recursos ahí. Además, antes a los desarrolladores se les dejaba que pagaran en efectivo, depositando a la Tesorería, o que ellos hicieran las obras, y no las hacían, se hacían patos con las obras. Ahora ya no pueden hacer eso, tienen que depositar el dinero”, explicó.

En este sentido, Aboitiz Saro sugirió que los recursos financieros que se recaudan por estos conceptos se apliquen en la misma alcaldía en la que se efectúa el desarrollo inmobiliario, en acciones para el beneficio de la comunidad.

“Estos recursos no llegan a las alcaldías, se quedan en la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México y se usan como parte del presupuesto, con el que se paga todo”, comentó el diputado Fernando Aboitiz.

El dirigente de esta organización popular, Enrique Salinas Guzmán, informó que la Asociación Cruz de Palo Álvaro Obregón agrupa a más de 230 personas pertenecientes a las familias de los mineros que fueron desalojados de los predios de Santa Fe que se expropiaron para la construcción del centro comercial y el conjunto habitacional que se edificó en esta zona.

Los integrantes de la asociación señalaron que desde hace más de 12 años han efectuado trámites ante el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, y entregaron al legislador información de un predio de 800 metros cuadrados, ubicado en la colonia Jalalpa El Grande, del que pidieron investigar si tiene propietario o si es de la alcaldía Álvaro Obregón, para que de ser así se les asigne para un proyecto de vivienda.

“Es importante tener el acercamiento con la Jefa de Gobierno, pero muchas veces es difícil, pero a través de ustedes como representantes populares que tienen el acceso más fácil, porque si nosotros como organización solicitamos una reunión con la doctora Sheinbaum, pues va a estar difícil”, propuso Enrique Salinas.

En este sentido, los integrantes de la Asociación Cruz de Palo Álvaro Obregón pidieron el apoyo del legislador Aboitiz Saro para agendar reuniones de trabajo con la Jefa de Gobierno capitalina y con los desarrolladores inmobiliarios que se han beneficiado de obras en la zona de Santa Fe, para requerirles su apoyo para un proyecto de vivienda popular.

“Tenemos también un programa de Huertos Familiares, para cultivar en pequeños espacios, que tal vez los propios desarrolladores inmobiliarios podrían facilitarnos, como una aportación social a la comunidad”, sugirieron los participantes.