Por: Redacción/

En el marco de la discusión del Paquete Económico en el Congreso de la Unión, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, afirmó que es necesario ajustar la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para para obtener, al menos, 80 mil millones de pesos adicionales a lo propuesto por el Ejecutivo federal para 2020, con la finalidad de cumplir, de manera gradual y progresiva, con todos los compromisos de gobierno, así como destinar recursos a fondos contracíclicos que atiendan las necesidades de inversión en obra púbica de estados y municipios.

“Durante el presente año se han impulsado cambios importantes a la organización del Estado mexicano, como la reforma educativa que otorga gratuidad de la educación hasta el nivel universitario; los cambios a la legislación laboral, con los que se pretende atender de manera más efectiva los derechos de los trabajadores y la próxima aprobación para crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Estas reformas son en beneficio de los mexicanos; sin embargo, su implantación no será posible sin los recursos adecuados. No puede haber políticas públicas sin presupuesto”, señaló.

Ramírez Cuéllar destacó que, además, hay compromisos ineludibles, como robustecer la estrategia nacional de seguridad pública (considerando la reciente creación de la Guardia Nacional), dar cumplimiento a los acuerdos internacionales en materia de cambio climático (como el Acuerdo de París), y poner en práctica mejores programas de seguridad alimentaria para garantizar el derecho a una alimentación adecuada de los mexicanos. “No será posible dar cumplimiento a estos objetivos sin recursos adicionales”, reiteró.

El diputado manifestó que, durante la discusión del Paquete Económico 2020, los legisladores deberán tener en cuenta los siguientes factores:

  • El reconocimiento del adverso panorama de la economía internacional, caracterizado por los conflictos entre China y Estados Unidos, y algunas prácticas proteccionistas que han disminuido el dinamismo de los flujos comerciales.
  • La puesta en práctica de medidas contracíclicas que incentiven las inversiones y reactiven la economía, principalmente en el área de infraestructura pública.
  • La lucha contra la corrupción y la evasión fiscal, garantizando el respeto al debido proceso de los contribuyentes, otorgando certeza jurídica a las empresas privadas y considerando las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
  • La necesidad de adoptar un Consejo Fiscal, como organismo objetivo e independiente de influencias políticas que otorgue confianza sobre el desempeño de la política hacendaria.
  • La conveniencia de replantear los esquemas de colaboración entre los sectores público y privado, para impulsar proyectos que brinden mayores beneficios para el país.
  • La determinación de que todos los programas de subsidios del gobierno federal tengan Reglas de Operación para promover la transparencia en el uso de recursos públicos, prevenir actos de corrupción y posibilitar su evaluación.

Asimismo, manifestó que se requiere un cuidadoso análisis del Presupuesto de Egresos, pues la propuesta del Ejecutivo federal implica realizar ajustes para atender las necesidades de las diferentes áreas de gasto público. “Algunos proyectos que deberían ser prioritarios, no contemplan financiamiento; otros, sufren importantes recortes que dificultan el cumplimiento de sus objetivos. Hemos identificado también relevantes acciones de gobierno que se consideran como gastos no recurrentes, o proyectos para obra pública con un presupuesto muy limitado para 2020”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destacó que la reforma hacendaria y el consecuente fortalecimiento de las finanzas públicas debe realizarse bajo los criterios de gradualidad y progresividad, pero reiteró que para el próximo ejercicio fiscal se requiere un incremento de al menos 80 mil millones de pesos, el cual es indispensable para dar cumplimiento a las reformas constitucionales y legales realizadas en 2018 y 2019.