Por: Redacción/

México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe en el combate a la corrupción –debajo de Brasil, Argentina y Colombia–, así como en el lugar 135 de 180 países evaluados en la materia por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en la materia. Por ello se requieren mejores mecanismos para transparentar el manejo de recursos públicos y evitar que el Estado solape el robo a nuestro país, consideró la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez.

En ese sentido, la legisladora federal de Morena urgió a demás fuerzas políticas en la Cámara de Diputados a establecer medidas para evitar la triangulación de recursos cuando se contraten bienes o servicios entre entidades públicas, a través de reformas a diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

“De lo que se trata es contar con los elementos para poder fincar responsabilidades a los servidores públicos que hacen mal uso de los recursos públicos, desalentando la evasión de los mecanismos fiscalizadores con los que cuenta la actual legislación”, puntualizó.

Al presentar su iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados, señaló que no obstante que el Poder Legislativo ha trabajado en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, México empeoró en un punto en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, publicado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, de tal manera que pasó del lugar 30 al 29, en una escala que va del cero al 100 y en el que el más bajo es el peor evaluado.

“No olvidemos que Transparencia Mexicana emitió una serie de recomendaciones para México, en la que destaca que en el ámbito federal las reformas en materia de adquisiciones y en obra pública deben ser una prioridad”, subrayó.

También resaltó que en su Informe General sobre la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer el posible desvío de mil 747 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), de una muestra de apenas dos mil 60 millones auditados por ese organismo.

Esto, agregó, representa el 85 por ciento de los recursos que esa dependencia, en ese entonces a cargo de Rosario Robles Berlanga, ejerció ese año con entes y universidades públicas.

“Contra lo que dijo Rosario Robles, de que es legal la forma en que se disponen los recursos, ya que el Artículo 1 de dicha ley lo permite, todos los funcionarios tienen la obligación de entregar el dinero y recibir los bienes y servicios contratados, con la vigilancia de la correcta aplicación de los mismos a fin de abatir la pobreza y no de volver más pobre a México”, enfatizó.

Al respecto, Cuata Domínguez insistió en implementar mecanismos para lograr una mayor transparencia, con el propósito de que los gobernadores y secretarios de Estado ya no desvíen los recursos públicos.

“Ya basta que el partido en el poder, a través de sus secretarios de Estado siga solapando el robo al país, y que las mujeres y hombres se sigan suicidando por hambre porque no tienen que darle de comer a sus hijos. Ya basta que ellos vivan en la opulencia, en ‘casas blancas’, a costa del empobrecimiento del país”, concluyó la diputada federal por Morelos.