Por: Readacción

La Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del Año 2016, que preside el diputado Guadalupe Acosta Naranjo se declaró instalada esta tarde en las instalaciones del Senado de la República.

A esta sesión de instalación asistieron los secretarios de la Comisión, el senador Enrique Burgos García y el diputado Federico Döring Casar; y los diputados Adolfo Mota Hernández, Sharon Cuenca Ayala, Francisco Javier Pinto Torres, Alejandro González Murillo, Virgilio Caballero Pedraza y Clemente Castañeda Hoeflich.

El diputado Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó el Plan de Trabajo, cuyo objetivo es facilitar y permitir el seguimiento del Poder Legislativo a las 14 elecciones que se celebrarán en el territorio nacional.

En el Plan, explicó, se plantea el acercamiento con distintas instancias de gobierno tanto federal como local, para coadyuvar, mediante el diálogo, al desarrollo legal y pacífico de las elecciones. En este sentido, se prevén reuniones con los titulares de las secretarías de Desarrollo Social, Gobernación, Marina, Defensa Nacional; así como de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y del Instituto Nacional Electoral (INE).

Lo que se busca es hablar sobre el proceso electoral y en la medida de lo posible “coadyuvar mediante el diálogo, nuestra intervención como Poder Legislativo en el desarrollo normal, pacífico, legal del proceso electoral que está en marcha”. Además, se propone visitar a las entidades de la República, cuyo calendario se abordará la siguiente sesión.

Por otra parte, se expuso que al ser una comisión de la representación popular se prevé abrir un espacio para que cualquier ciudadano u organización transmita su queja y, a su vez, este órgano legislativo la transmita. Asimismo, se plantea que el Canal del Congreso difunda de manera amplia el trabajo de la comisión, establecer un número telefónico 01 800 para dudas y quejas, así como una página abierta de Internet, con los mismos fines.

En la sesión de instalación fue avalada la designación de Eduardo Espinoza, como secretario técnico de la Comisión.

Posteriormente, en el primer encuentro planteado en el Plan de Trabajo, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Antonio Meade Kuribreña, subrayó su compromiso de actuar con apego a la transparencia, legalidad e imparcialidad en los próximos comicios, bajo el marco normativo vigente.

Se constituyó una estrategia de blindaje electoral, cuyo objetivo central es propiciar una efectiva rendición de cuentas mediante un esfuerzo de transparencia, explicó.

Se plantean cuatro acciones: la capacitación de beneficiarios para informarles sus derechos, en particular que no se les puede condicionar el acceso a los programas sociales y que no puede mediar ninguna amenaza de suspensión.

Se capacitó a funcionarios –más de seis mil en las 14 entidades– sobre el ejercicio de sus obligaciones y sus responsabilidades frente al proceso. En apoyo a estos funcionarios, agregó, se creó un Comité Central de Legalidad y Transparencia del Blindaje Electoral que norma y supervisa la actuación del sector en la materia, y se instalaron 14 comités preventivos de blindaje en las entidades donde habrá elecciones.

Se desplegó a 550 mil contralores sociales, para que los espacios de control no se circunscribieran al de los funcionarios, y se capacitó a beneficiarios que participan en las contralorías sociales.

También se tuvo mucho cuidado con el calendario de los programas sociales; se mantuvieron los que podrían poner en situación de vulnerabilidad a los beneficiarios y se suspendieron los que cuentan con un padrón sujeto a convocatoria o recalendarización. Además se suspendió el empadronamiento de beneficiarios de todos los programas durante el periodo de campañas electorales.

Este blindaje electoral es un paso adicional de consolidación de un gobierno transparente, responsable, confiable que rinde cuentas y que actúa de acuerdo a la ley, señaló el funcionario.

El senador Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del PRI, precisó que en la medida en que los partidos, instituciones y órganos del Estado sean capaces de contribuir y coadyuvar para que las elecciones se desenvuelvan en un proceso transparente y sin vicios, el reflejo democrático será puro y transparente.

Así, añadió, se constituirán los órganos de los gobiernos, de los estados, de los municipios, que finalmente es la correlación entre la voluntad popular y la conformación de los órganos.

El diputado Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social, destacó que con el blindaje electoral planteado desde la Sedesol no se deja ninguna laguna o situación que pudiera permear para afectar este gran trabajo.

El diputado del Partido Nueva Alianza, Francisco Javier Pinto Torres, apuntó que dicha estrategia es fundamental para evitar la operación política con recursos públicos, más si son los destinados al desarrollo social y que con ello pudiera quedar comprometido el voto ciudadano.

Por su parte, el diputado Jorge Álvarez Máynez, del Partido Movimiento Ciudadano, aseguró no puede haber un blindaje con los niveles existentes de precariedad social; no en un país en el que en 20 años la distribución de la riqueza no se ha modificado en términos del número o del porcentaje de personas que viven en condiciones de pobreza.

El diputado Virgilio Caballero Pedraza, del Partido Morena, reflexionó acerca de los contralores sociales que la Secretaría de Desarrollo Social capacitó para llevar a cabo la vigilancia de que los recursos públicos no se utilicen con fines electorales, y cuestionó si son parte de un organismo oficial que no fuera precisamente un partido político.

La diputada Sharon Cuenca Ayala, del PVEM, manifestó que el reto del próximo 5 de junio es lograr que los ciudadanos tengan un voto consiente, sin coacción económica ni violenta. En esta comisión trabajaremos con las facultades que tenemos, para poder aportar a favor de esto, agregó.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del PRD, señaló que se ha hablado de que algunos delegados de la Sedesol intervienen indebidamente en los procesos. Agregó que se requiere tener comunicación con la dependencia para que los partidos políticos representados en el Congreso puedan abonar a la corrección de las posibles irregularidades que se presenten y que se sancione y castigue a quienes infrinjan la ley.

El diputado Federico Döring Casar, del PAN, subrayó que el mayor riesgo de no respetar el blindaje está en los recursos humanos, por lo que reflexionó acerca del origen de los delegados federales, y cuestionó si estos son militantes de partidos políticos. Por otro lado, consideró necesario acompañar “en tiempo real” el blindaje electoral del gobierno “con lo que hagamos nosotros en la fiscalización”.

Finalmente, el diputado Adolfo Mota Hernández, del PRI, consideró que si se ha suspendido la afiliación a los programas sociales se podría hablar de un condicionamiento. Señaló que las autoridades de los gobiernos están en comunicación para intervenir, en caso de cualquier motivo que pueda alterar la decisión legítima de los mexicanos que votan en las entidades federativas