Por: Redacción

Con el propósito de crear un marco que promueva un mayor conocimiento del derecho interno mexicano e internacional, para proteger los derechos de las personas y coordinar esfuerzos para mejorar el acceso a la justicia, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos firmaron un convenio de colaboración.

En el marco de la inauguración del Tercer Taller de Cooperación Procesal Internacional, la canciller Claudia Ruiz Massieu destacó que este convenio “es el fruto de la cooperación entre dos niveles de Gobierno, el Federal y el Estatal, pero también entre dos poderes el Ejecutivo y el Judicial. Es una muestra puntual de cómo diversas instancias podemos y debemos trabajar en conjunto, coordinadamente, uniendo esfuerzos con el objetivo compartido de servir a quienes son los jefes de todos nosotros. Los ciudadanos y ciudadanas de México.”

Edgar Elías Azar, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, celebró que se suscribiera el convenio porque “permitirá extender acciones de capacitación, intercambios y brindar una plataforma para analizar las posibilidades de ir más allá, acercando los servicios que la judicatura puede brindar a los mexicanos en exterior”.

Elías Azar aseguró que “no importa el espacio o territorio en que esa relación se brinde, para nosotros la extraterritorialidad de los beneficios que alcanza la Cancillería, da la ocasión suficiente para tratar de hacerlo lo mejor posible con los mejores elementos a nuestro alcance y con todos los elementos y conocimientos que impone la nueva realidad del derecho mexicano”.

La Canciller dijo que el objetivo sustancial es tener funcionarios públicos mejor preparados y esto “sólo sirve, si con ello sirven mejor al público”.

La meta central de este convenio es lograr una mejor posición a nivel institucional, técnico y de personal para garantizar el debido proceso y el acceso de la justicia de los mexicanos que viven en el exterior, de sus familias y también de los extranjeros que residen o están de paso en nuestro país y que cuentan con la protección de nuestras leyes.