Por: Redacción

Debido a que el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador Eruviel Ávila Villegas y sus funcionarios violan impunemente la ley al aprovecharse con fines político-electorales de la pobreza que sus respectivas administraciones han generado en el país y en el Estado de México, el diputado Omar Ortega Álvarez les demandó dejar de hacerlo y ceñirse a la legalidad.

Solicitó a la Cámara de Diputados pronunciarse en el mismo sentido a través de una proposición de punto de acuerdo en el que además plantea que, ante el desacato de ambos funcionarios y sus subalternos para cumplir la ley, intervengan entonces otras instancias del Estado Mexicano para fincar las responsabilidades correspondientes.

En específico propuso que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) investiguen y sancionen el desvío de recursos públicos y el uso de programas sociales federales y locales a favor de las candidaturas del PRI-PVEM y sus aliados.

El Coordinador de Proceso Legislativo del GPPRD responsabilizó a Peña Nieto, Ávila Villegas y a varios de sus funcionarios del reparto de despensas y dinero a través de tarjetas electrónicas a cambio de una copia de la credencial de elector de los beneficiarios, con lo cual se asegurarían el voto a favor de sus partidos.

Así sucedió el 8 de octubre de 2016 en la “Feria Integral de Servicios” en Huixquilucan, donde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán -por instrucciones de Peña Nieto- y Eruviel Ávila entregaron despensas y tarjetas electrónicas.

El 15 del mismo mes ambos funcionarios repitieron la acción en Zinacantepec y otros sitios del Valle de Toluca, mientras que el secretario de Salud del Estado, César Nomar Gómez Borge, y el presidente municipal de Ecatepec, Indalecio Ríos Velázquez, distribuyeron el 14 de marzo pasado seis mil tarjetas con dos mil pesos cada una en el marco del programa “Mujeres que Logran en Grande”.

Las reglas de operación de este programa prohíben que tales tarjetas sean entregadas en actos masivos por funcionarios ajenos a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de la entidad.

También entregaron teléfonos celulares a 200 mil estudiantes y un millón de tarjetas para estudios clínicos de los Laboratorios del Chopo, así como tinacos, becas, estufas, cobertores, uniformes y créditos hipotecarios.

En Chicoloapan y Chalco repartieron “laptops” a estudiantes a cambio de copias de las credenciales de elector de sus padres.

“Aportamos como prueba una audio-grabación en el que se refiere claramente que el recurso fue enviado por el gobernador Eruviel Ávila”, dijo Ortega Álvarez.

Todos estos hechos –agregó- son claramente violatorios del artículo 134 de la Constitución, del 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y del 465 del Código Electoral del Estado de México, lo que implica que se debe proceder y fincar responsabilidades a Peña Nieto, Ávila Villegas, Guzmán Ortiz; al titular de la Sedesol federal, Enrique Miranda Nava, y la ex secretaria General del PRI, Carolina Monroy, entre otros.

“Vemos que de cara al próximo proceso electoral en el Estado de México, las peores y más viejas prácticas del PRI están en marcha para comprar la conciencia de los mexiquenses, lo que es inaceptable, pues con el reparto de despensas y tarjetas violan la ley, pero además se aprovechan de las necesidades que han creado con la poca o nula atención a los problemas que aquejan a la población y que ellos mismos provocan con sus malos gobiernos”, destacó el diputado federal perredista.

Los mexiquenses –afirmó- tienen derecho a un proceso electoral transparente y democrático, pero también a que sus necesidades básicas de salud, vivienda, alimentación y educación sean cubiertas por un Estado garante y efectivo, y no que funcionarios corruptos y manipuladores se aprovechen y benefician impunemente de su vulnerabilidad cada sexenio.

“Es cada vez más preocupante que estas conductas se sigan reproduciendo con toda impunidad por todo el estado y eso debe ser inaceptable para la Cámara de Diputados y para el Congreso de la Unión en su conjunto”, concluyó.