• Exhortó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a revisar las eventuales irregularidades en la donación de billetes para el sorteo, por parte del Insabi a la Secretaría de Salud de Tabasco.

Por: Redacción/

La diputada Frida Esparza Márquez (PRD) calificó como un grave error que en plena pandemia del Covid-19, que ha provocado más de 70 mil decesos, el Instituto Nacional de Salud Para el Bienestar (Insabi) desvíe recursos para la compra de boletos de la rifa del avión presidencial.

Ante ello, exhortó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a revisar las eventuales irregularidades en la donación de billetes para el sorteo, por parte del Insabi a la Secretaría de Salud de Tabasco, y actuar en consecuencia con las responsabilidades a que haya lugar.

En un comunicado, Esparza Márquez destacó que el Insabi, a través de Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, uno de sus coordinadores nacionales, donó 15 mil 725 billetes a la Secretaría de Salud de Tabasco, lo que implica una erogación de 7 millones 882 mil 500 pesos.

Aseguró que el funcionario entregó mil 51 billetes a cada uno de los 15 hospitales públicos, incluidos los de los Institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), así como de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina Armada de México (Semar), y de Petróleos Mexicanos.

“Este donativo, además de presuntamente irregular e ilegal, sólo agrava el enredo e ilegalidad en que se ha convertido la ‘rifa’ del llamado ‘avión presidencial’, el cual inició con la incapacidad del Gobierno Federal para venderlo, según prometió el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, en enero de este año”, subrayó la legisladora.

Argumentó que como no ha podido vender la aeronave en los 130 millones de dólares pretendidos, según su avalúo (unos 2 mil 730 millones de pesos, a un tipo de cambio de 21 pesos por dólar), entonces se le ocurrió “rifar el avión”. Después cambió el discurso y dijo que no se sortearía el avión, sino el equivalente o el aproximado de su valor estimado.

Decidió entonces que el organismo “Pronósticos para la Asistencia Pública” -que absorbió las funciones de la desaparecida Lotería Nacional- emitiera 5 millones de billetes a un precio de 500 pesos cada uno, para obtener un total de 2 mil 500 millones de pesos.

De esta cantidad, 2 mil millones se repartirían entre los compradores de cada uno de los 100 billetes ganadores, con lo que el Gobierno Federal se quedaría con los 500 millones de pesos restantes, más el “avión presidencial”, que sigue en su poder a la espera de poderlo vender.

El 8 de septiembre, a una semana del “Gran Sorteo Especial” -programado para el 15 del mismo mes-, “Pronósticos” informó que sólo se había vendido el 63.58% de los billetes, con lo cual se habrían obtenido mil 907 millones 600 mil pesos.

Ese mismo día, el presidente López Obrador anunció que el Gobierno Federal destinaría 500 millones de pesos para comprar un millón de billetes para distribuirlos en 956 hospitales Covid, cuyo personal utilizaría los 20 millones de pesos prometidos, si fuese ganador, en su modernización.

No queda claro que si estos 500 millones de pesos ayudarían a completar el 63.58% de billetes vendidos hasta ese mismo día, pero los recursos provendrían de decomisos de la Fiscalía General de la República y transferidos al Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado, que a su vez se los entregaría al Insabi para distribuirlos a los hospitales, como sería el caso de Tabasco.

“Es imprescindible que los órganos fiscalizadores intervengan, ya que todo esto parece una gran farsa, pues se trata de la rifa de un avión que en realidad no se rifará y que sólo se trata de un espectáculo distractor ante la grave problemática provocada por la pandemia del Covid -19”, dijo.

La también integrante de la Comisión de Salud aseguró que el dinero público que el Insabi está destinando a la compra de boletos para la rifa del avión, son recursos indispensables en este momento para salud, que deben de ejercerse para garantizar el acceso a este derecho de las y los mexicanos. En los hechos, es un desvío de recursos, concluyó la legisladora federal por Zacatecas.