Por: Redacción

El Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo deben emprender acciones encaminadas a educar a la población sobre la ingesta de alimentos saludables y se comprenda la importancia de disminuir el consumo de azúcares, señaló el diputado federal del GPPRD, Jesús Valencia Guzmán.

Dijo que son alarmantes las cifras que señalan que México ocupa los primeros lugares en el mundo en obesidad infantil y de adultos, lo que le ha significado una abrumadora carga económica y social, que en los próximos 15 o 20 años generará altos costos al sector salud y una disminución considerable en la producción nacional.

Recordó que tan sólo en el 2012 se registraron 59 mil muertes por diabetes atribuidas al sobre peso y la obesidad, cuyos costos representa para la hacienda pública entre 82 y 98 mil millones de pesos y, en un escenario optimista, al final de este sexenio, la atención para quienes enfrentan este padecimiento ascendería a más de 50 mil millones de pesos.

Frente a esta grave situación que la población y el Estado mexicano enfrentan, y a pesar de que se ha avanzado en la implementación de políticas públicas acordes a las recomendaciones internacionales para hacer frente a este inconveniente, es necesario se implemente un impuesto a las bebidas azucaradas y de alto contenido calórico.

Por ello externó su confianza de que, además de otras medidas por parte del Legislativo y el Ejecutivo, a la brevedad se revise, debata y se apruebe un esquema tributario -a través del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios- con el que se gravarían este tipo de bebidas azucaradas, propuesta que al momento ha sido rechazada por la mayoría de priistas y sus aliados en el Congreso de la Unión.

Llamó a las y los legisladores, así como a las autoridades correspondientes, a reconsiderar sus planteamientos y a hacer las adecuaciones en la medida en que el marco legal lo permita, “no solo con un objetivo recaudatorio, sino sobre todo para que haya una disminución significativa del consumo de bebidas azucaradas” que permita a las autoridades a hacer frente a los factores de riesgo que atentan contra el bienestar, la calidad de vida y la salud plena de las y los mexicanos y las finanzas públicas.