Por: Reacción/

Ante los problemas de discriminación y violencia que enfrentan las mujeres, los órganos garantes y autoridades de todos los niveles de gobierno deben asumir el compromiso de defender y respetar el derecho de acceso a la información con una perspectiva de género, sostuvo la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena.

Al presentar las conclusiones del foro digital Garantía del derecho de acceso a la información en materia de género y su trascendencia en tiempos del COVID-19, organizado por el INAI, Ibarra Cadena señaló que la información es fundamental para enfrentar las desigualdades y condiciones de vulnerabilidad que viven las mujeres, las cuales se han agravado durante la contingencia sanitaria, por ello, consideró importante reducir las asimetrías existentes en el ejercicio del derecho a saber por parte de este sector de la población.

“En tiempos de COVID-19, frente a la emergencia sanitaria, en que se ha visto más visibilizada la discriminación y los problemas de violencia que enfrentan las mujeres es importante que organismos garantes y autoridades de diferentes niveles de gobierno asumamos este compromiso con mayor empuje, con mayor relevancia y así poder defender, respetar y socializar el derecho a saber de las personas con una perspectiva de género”, sostuvo la comisionada.

El foro fue convocado por el INAI con el fin de deliberar con representantes de las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil sobre la garantía del derecho de acceso a la información y su utilidad para exigir el respeto de otros derechos humanos y hacer frente a dos problemas cruciales acentuados por la pandemia de COVID-19: la violencia de género y la crisis de salud.

Al moderar la mesa “Derecho de acceso a la información, discriminación y violencia de género en tiempos de confinamiento por el COVID-19”, la Comisionada del INAI, Josefina Román Vergara, señaló que la discriminación y la violencia que enfrentan las mujeres en México y en el mundo es una problemática cuya solución compete a todos los sectores de la sociedad.

“La transparencia y el acceso a la información, además de empoderar a las mujeres, nos ayuda para hacer mejor política pública y nos ayuda para que esa política pública incida directamente en mejorar la vida de las personas”, destacó la Comisionada al referirse a las áreas de oportunidad que en materia de justicia con equidad de género tienen los poderes judiciales locales y a las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres en la cárcel.

Román Vergara añadió que, al tratarse de una problemática mundial, es necesario que las políticas públicas para erradicar la violencia de género sean transversales y se diseñen con base en documentos internacionales, como el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y desde la perspectiva de la sociedad civil.

Isabel Erreguerena, Coordinadora del área de Políticas Públicas de la organización Equis, Justicia para las Mujeres, compartió que la emergencia sanitaria por COVID19 no solo ha incrementado la violencia contra las mujeres, también ha puesto lupa a las desigualdades y los sistemas estructurales de discriminación, donde el acceso a la información “es un derecho llave para acceder al derecho a la no discriminación y a una vida libre de violencia”.

María Candelaria Ochoa Ávalos, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), subrayó las acciones emprendidas por la Comisión desde el inicio de la pandemia y los retos que vienen, entre los cuales destacó la necesidad de “que las mujeres usen la información pública para la toma de decisiones”.

Verónica Martínez Solares, miembro del Consejo Consultivo de la Fundación para el Estudio de la Seguridad y Gobernanza, A.C., dijo que “la violencia que actualmente estamos viviendo en muchos niveles, no es ajena ni ignorada, solamente se ha visto visibilizada, o mejor dicho los medios la han visto visibilizada por la caja de resonancia que ha significado esta crisis sanitaria”.

Finalmente, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, Coordinador de IDHEAS, se refirió al informe presentado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre COVID, pandemia y derechos humanos, en el que se plantean los riesgos de utilizar la pandemia para restringir, por ejemplo, el trabajo de los defensores de derechos humanos y el acceso a la información.

En los trabajos del foro participaron representantes del Senado de la República, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de Organizaciones de la Sociedad Civil, así como especialistas y académicos.