Por: Redacción/

El diputado Omar Ortega Álvarez consideró que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) debe responder con cuentas claras ante la supuesta “pérdida” denunciada por medios de comunicación de miles de millones de pesos que, originalmente, estaban destinados para beneficio de personas de escasos recursos, entre ellos adultos mayores.

Ortega Álvarez, coordinador de Proceso Legislativo y Jurídico del GPPRD, solicitó la intervención de la Cámara de Diputados a través de una proposición con punto de acuerdo para demandarle a la Procuraduría General de la República (PGR) que informe qué ha investigado sobre las denuncias que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en torno a este exorbitante desvío de la Sedesol.

Consideró que la información de la PGR en cuanto a sus avances es de la mayor relevancia, pues dados los elevados niveles de corrupción e impunidad en México, son urgentes las cuentas claras y transparentes en torno a los titulares de la Sedesol durante los años de 2015 y 2016, entre los que hoy uno de ellos podría llegar a ocupar la presidencia del país.

En este sentido, también lamentó que instituciones encargadas de vigilar y dar certeza a los procedimientos y aplicación de los recursos federales en su mayoría etiquetados a programas sociales sean objeto de dudas y denuncias.

Es un hecho -dijo al argumentar su propuesta de punto de acuerdo- que la ASF presentó cuatro denuncias ante la PGR por desvíos en la Sedesol durante la gestión de los años 2015 y 2016, desvíos que en forma genérica los medios de comunicación denominaron la “estafa maestra”.

En tales operaciones participaron otras dependencias y consistió en la triangulación de recursos a través de universidades públicas, empresas “fantasma” y algunas personas que incluso, en algunos casos, desconocía ser parte de la trama.

Tres de las cuatro denuncias involucran el desvío de 540 millones de pesos mediante “convenios” con las universidades Intercultural del Estado de México, Politécnica de Chiapas y Tecnológica Nezahualcóyotl en 2015.

La otra denuncia gira en torno al “pago” de mil 311 millones de pesos a “empresas fantasma” por parte de la misma dependencia y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles.

“Además, la ASF señaló que la Sedesol habría pagado más de 3 mil millones de pesos a personas inscritas en el Programa para Adultos Mayores que en realidad ya habían fallecido, no eran localizables o cuyos nombres estaban duplicados en el padrón de beneficiarios, según se aprecia tras la revisión de la cuenta pública de 2016”, puntualizó Ortega.

“Los señalamientos de la ASF son muy importantes, pues como el mismo órgano fiscalizador establece, la falta de control y apego a las reglas de operación del PPAM causan un daño al erario estimado en 3 mil 198 millones de pesos”, concluyó.