Por: Redacción/

El diputado local Gonzalo Espina Miranda busca acabar con personas físicas o “pseudo escoltas” no identificadas que presten servicio de seguridad privada fuera del marco legal que establece la ley de Seguridad Nacional y autoridades capitalinas.

A nombre de la Comisión de Seguridad Pública, su presidente el diputado Espina Miranda, subió este martes un dictamen para reglamentar la prestación de servicios de seguridad privada y dar pauta a las instituciones locales para garantizar seguridad a la ciudad.

Esta iniciativa surge para reducir casos como lo suscitado en Viaducto con el “Lord Ferrari” en donde sus escoltas agredieron a una persona por grabar violaciones al reglamento de tránsito o bien, el “Lord Rolls Royce”, que ordenó golpearon a un automovilista en el Estado de México por bloquear su paso.

Lo relevante, dijo, es que fue consensuado con las autoridades que la ejecutarán, y sobre todo, con las organizaciones de seguridad privada que prestan sus servicios en nuestra ciudad, afirmó el legislador del GPPAN.

“Tomando como base y esencia el control y confianza de los elementos que realizan la guardia y custodia de sus protegidos en la ciudad, garantizando la convivencia con todos aquellos individuos que no cuentan con estos servicios de protección”.

El problema es que hay personas que venden servicios de seguridad privada sin la debida reglamentación, registro o capacitación, lo cual, representa un peligro para la sociedad.

“Pues vulneran las dispersiones de la ley en la materia al realizar actos de suplantaciones de guardias de seguridad privada”, reconoció Espina Miranda durante la Sesión Extraordinaria.

“Es decir, sin mayor problema las personas pueden adquirir uniformes de guardias de seguridad privada y ofrecer sus servicios a un costo mucho menor de empresas legalmente registradas, como se mencionó, esto es riesgoso, pues cuando ocurra algún acontecimiento el elemento de seguridad privada no sabrá cómo actuar, o bien podría estar involucrado en dicho suceso”

Por tal razón, mencionó, las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada 2013, se refleja que el número de empresas de seguridad privada fue de 914; el personal autorizado, de 64 mil 235 personas que prestan servicios de seguridad privada, y para apoyar dichos servicios se contó con un registro de mil 492 vehículos, así como con mil 858 armas cortas y dos mil 93 armas largas.