Por: Redacción/

El diputado Manuel Rodríguez González (Morena), presidente de la Comisión de Energía, manifestó que la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal para modificar la Ley de Hidrocarburos, está enfocada en el almacenamiento, comercialización y distribución de éstos, mas no en la exploración y producción, por lo que los contratos con empresas petroleras privadas están fuera de sus alcances

Durante la inauguración de la mesa de diálogo con relación a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, expuso que ésta tiene como objetivo aumentar la capacidad de almacenamiento de combustibles, “cuyos inventarios actualmente se reducen a unos cuantos días de consumo, poniendo en riesgo la seguridad nacional”.

El diputado de Morena apuntó en un comunicado que con la modificación se actualizarán y armonizarán los permisos referidos en el capítulo 1 del título tercero de la Ley de Hidrocarburos.

En ese sentido, se propone elevar a rango legal las disposiciones normativas de la política de almacenamiento mínimos de petrolíferos. Así como el otorgamiento en los permisos debe estar sujeto a que el interesado demuestre que cuenta con la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía.

Asimismo, se establece la negativa ficta en el procedimiento de los trámites de los permisos que, a diferencia del silencio administrativo, permite al solicitante obtener necesariamente una respuesta a sus pretensiones, una vez que haya transcurrido el plazo fijado para la expedición de los permisos.

Rodríguez González indicó que se plantea reformar el régimen de sanciones, para que se imponga una revocación del permiso expedido a los sujetos que reincidan en el incumplimiento de las disposiciones aplicables a la cantidad, calidad de hidrocarburos, petrolíferos y la modificación de las condiciones técnicas de sistemas, ductos, instalaciones o equipos sin la autorización correspondiente.

Explicó que esta iniciativa contempla medidas para erradicar el contrabando del combustible, que representa una grave afectación para la hacienda pública y una competencia desleal para los permisionarios que cumplen con la política mínima de almacenamiento.

Al respecto, recordó que en el marco de la comparecencia de la titular del Servicio de Administración Tributaria ante la Comisión de Hacienda, “expuso que el gran reto que enfrenta el sistema tributario del país es el contrabando de combustible que ha provocado en los que va del año, una afectación en la recaudación por el orden de 23 mil millones de pesos”.

Por lo que “la iniciativa propone facultar a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía, para revocar los permisos cuando los titulares de los mismos, mediante sentencia del juez competente, incurran en este tipo de delitos”.