• El IMUMI y la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México promovieron el amparo 302/2020 contra la participación de México en dicha política migratoria

Por: Oscar Nogueda/

El Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMi) reiteró su llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a pronunciarse en contra de la participación del Estado Mexicano en el Protocolo Quédate en México (MPP,por sus siglas en inglés), ya que una resolución de inconstitucionalidad evitaría la participación de las autoridades mexicanas en políticas similares.

Ante la presentación del “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional” de la Corte, la organización destacó que el documento defiende el principio de no devolución, no discriminación, unificación familiar, no revictimización e interés superior de la niñez. De acuerdo al Instituto, estos derechos fueron violados por el Protocolo Quédate en México.

“Esperamos que esta actualización sea un incentivo para que las y los ministros puedan resolver el amparo (302/2020) que está en sus manos desde febrero de 2020, y se pronuncien contra la participación del Estado mexicano en cualquier política de asilo contraria a la legislación nacional e internacional. Una resolución de inconstitucionalidad prevendría que en el futuro el gobierno mexicano vuelva a participar en políticas parecidas, fortaleciendo el cumplimiento de la legislación nacional e internacional”, agregó el IMUMI.

El pasado 4 de abril, el IMUMI y la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México promovieron el amparo 302/2020 contra la participación de México en dicha política migratoria, por lo que señalaron las omisiones del Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de las Mujeres.

Según Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), 70 mil 454 personas fueron retornadas a México bajo este Protocolo durante el periodo de enero 2019 a diciembre del 2020. El 42 por ciento de los afectados fueron mujeres y el 33 por ciento menores de edad, la mayoría de países centroamericanos.

“Esta política estadounidense, aceptada por el gobierno mexicano el 20 de diciembre de 2018 y ratificada el 7 de junio de 2019, tuvo un impacto negativo en la vida de más de 70 mil personas que estaban escapando de sus países por temor a su integridad física, muchas de ellas revictimizadas al regresarlas a México, algunas perdieron la vida”, señaló el IMUMI.

De acuerdo a la organización Human Rights First, existe una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los más de mil 300 secuestros a personas migrantes retornadas a México por este programa.

“Esta política ha sido una de las más inhumanas que los gobiernos estadounidense y mexicano han implementado. No sólo violaron sus legislaciones nacionales e internacionales en materia de asilo, sino también, en el caso del Estado mexicano, fue omiso en la protección de esta población, pese a que se comprometió a hacerlo, y en la no publicación de la política en el Diario Oficial de la Federación, dejando en la opacidad las reglas de operación”, externó el IMUMI.

El día de ayer, el gobierno estadounidense abrió la segunda fase para el ingreso de personas con casos cerrados ante MPP, por lo que reconoce que varios procesos se cerraron en ausencia debido a secuestros y falta de garantía a sus derechos primordiales.