• La CMDPDH indicó que esta legislación regula de manera ambigua el uso de la fuerza de la Guardia Nacional contra manifestaciones en el país, así como genera un efecto inhibidor para las personas defensoras de derechos humanos.

Por: Oscar Nogueda/

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió un amparo en contra de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la cual fue publicada el 27 de mayo del 2019. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) subrayó que el contenido de dicha ley restringe los derechos a la manifestación y protesta.

En ese sentido, la CMDPDH indicó que esta legislación regula de manera ambigua el uso de la fuerza de la Guardia Nacional contra manifestaciones en el país, así como genera un efecto inhibidor para las personas defensoras de derechos humanos.

La organización subrayó que la ley faculta a la Guardia Nacional usar la fuerza, incluida la letal, para reprimir manifestaciones que considere que violentas o ilícitas. Igualmente, establece el uso de la fuerza para el manejo y control de multitudes si determina que las acciones de unas personas son violentas.

“Establece criterios irrazonables sobre el uso de la fuerza, en tanto que tiene un enfoque en el control ilegítimo, innecesario y desproporcionado de las autoridades y no en los derechos de las personas”, apuntó la CMDPDH.

Adicionalmente, mencionó que la existencia de esta ley provoca un efecto inhibidor en las personas defensoras de derechos humanos  al obstaculizar la protesta y manifestaciones contra omisiones de las autoridades.

A un año de la emisión del acuerdo presidencial en materia de seguridad pública y el paquete legislativo que acompaño la Ley sobre el Uso de Fuerza, la Comisión destacó que estas normas representan un  retroceso en materia de derechos humanos y criticó que la SCJN no haya resuelto las acciones de inconstitucionalidad  promovidas por estas leyes.

“Es urgente que la Suprema Corte convoque a personas expertas a audiencias para resolver con fundamentos sólidos el asunto que plantea este amparo, y dejar sin efecto las disposiciones contrarias a derechos humanos contenidas en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, para que las personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su labor”, finalizó la CMDPDH.