Por Roberto Barco Celis

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la responsabilidad de proveer parte de los ingresos que el estado obtiene, a través de la recaudación de impuestos y destinarlos a otorgarle a la sociedad bienes y servicios públicos; sin embargo, históricamente este compromiso se ha visto vulnerado por prácticas para evadir el pago de contribuciones, poniendo en desventaja a los contribuyentes cumplidos.

En ese sentido, el SAT determinó indispensable contar con elementos que le permitan atender los diversos fenómenos de evasión y enfocar esfuerzos en su combate, así como generar herramientas que le faciliten a los ciudadanos cumplir con sus obligaciones fiscales, y llevar a cabo acciones de control para efecto de que todos cumplan de manera equitativa y proporcional al financiamiento del gasto público.

Dentro de los elementos que el Servicio de Administración Tributaria toma como base para combatir la evasión fiscal en México, mediante la detección de los diversos fenómenos, se encuentran los estudios que por Ley se elaboran cada año con diversas instituciones académicas de prestigio en el país, mismos que le brindan información y resultados imparciales.

Es así que desde 2003, universidades públicas y privadas han realizado, junto con el Servicio de Administración Tributaria, 29 estudios de este tipo, y como parte de un ejercicio de transparencia son públicos en el portal de Internet del organismo recaudador.

En el 2017 le  correspondió al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) presentar los resultados de sus investigaciones denominadas: “Impacto en la Evasión por la Introducción de la Factura Electrónica” y “Evasión del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Sobre la Renta”, respectivamente.

Entre las principales apreciaciones obtenidas en el estudio sobre impacto de la factura electrónica del Tecnológico de Monterrey, del período de análisis que va de 2010 a 2015, se encontró lo siguiente:

·         Un aumento en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) causado para personas morales de 16 por ciento, 11 por ciento y 14.6 por ciento en 2011, 2012 y 2013, respectivamente.

·        Incrementos en el ISR causado por personas morales de 6.5 por ciento y 6.6 por ciento en 2014 y 2015, en ese orden, y por personas físicas de 20 por ciento y 21.3 por ciento en los mismos ejercicios.