Por: Redacción/

En el marco de los sismos de septiembre pasado en el País, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recuerda a los patrones que en caso de no observar en la instalación de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos de trabajo, la ley establece sanciones de entre 18 mil 872 y 377 mil 450 pesos.

El Artículo 993, en relación con el 994, Fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, establece multas que van de 250 a 5 mil días conforme al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de 75.49 pesos diarios, determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más las sanciones a las que sea acreedor por incumplimiento de la Ley.

Desde el pasado 19 de septiembre, la STPS ha recibido mil 74 denuncias que aseguraron que sus centros laborales sufrieron alguna afectación estructural tras el temblor de ese día, lo que pudo representar un riesgo para la integridad física de sus trabajadores.

De ese número de quejas, recibidas en el Centro de Mando de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo (DGIFT), se han atendido mil 52, es decir, el 98 por ciento, la mayoría con inspecciones directas en los inmuebles señalados en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Estado de México.

En 32 de los casos atendidos, la DGIFT ordenó la restricción de acceso a esos lugares, 16 de ellos de forma total y 16 de manera parcial.

De las restricciones totales, 12 fueron levantadas luego que los representantes legales de esas empresas o centros laborales presentaron los dictámenes correspondientes que avalan la seguridad estructural de los inmuebles que ocupan.

Entre el 19 de septiembre y el 9 de octubre de este año, la Delegación Federal del Trabajo en la Ciudad de México atendió 579 del total de las quejas recibidas; la Dirección General de Inspección lo hizo en 213 casos; y la Subdelegación Federal en Naucalpan, Estado de México, en 88.

Por estados, la Delegación Federal en el Estado de México, atendió 27 denuncias, mientras que Puebla lo hizo en 10 casos, Morelos en dos y Tlaxcala en uno.

Vía correo electrónico, la DGIF ha atendido 131 quejas, y tiene pendiente ocho.