La senadora panista Pilar Ortega Martínez propuso expedir la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a fin de darle competencia para imponer sanciones a los servidores públicos, incluidos los gobernadores, y particulares que participen en actos vinculados con corrupción.

Al detallar los motivos de la iniciativa en cuestión, explicó que el objetivo es fijar a esa instancia la competencia para recibir y resolver asuntos de responsabilidad administrativa grave por parte de servidores públicos del Congreso de la Unión, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de la administración pública federal.

Pero además, dijo, en torno a hechos que involucren a gobernadores, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales, así como a funcionarios públicos de organismos a los que la Constitución otorgue autonomía.

Subrayó que el PAN tiene como convicción elevar a la ley una premisa básica: nunca más un empleado del alcalde, del gobernador o del presidente de la República serán los responsables de investigar los posibles actos de corrupción.

Ahora, precisó, será la Auditoría Superior de la Federación y la fiscalía especializada en combate a la corrupción quienes investiguen dichos actos y el Tribunal de Justicia Administrativa quien imponga las sanciones que correspondan.

En ese sentido, señaló que el Tribunal será el órgano competente para imponer sanciones a los servidores públicos federales por las responsabilidades administrativas que la ley en la materia determine como graves, así como a los servidores públicos locales que incurran en faltas graves por el uso de recursos federales.

En cuanto a los particulares,  Pilar Ortega reiteró que se castigará a quienes participen en actos vinculados con dichas responsabilidades.

“Se finca a los responsables el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y prejuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o el patrimonio de los entes públicos federales, así como revisar las resoluciones de los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos”, resaltó.

La propuesta, indicó, viene en concordancia con la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y con las iniciativas de Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas, que buscan perfeccionar el sistema jurídico mexicano en la materia.

“La corrupción ha perjudicado a las instituciones del Estado, ha perjudicado y desacelerado el desarrollo económico y ha contribuido a una inestabilidad política.

“Una de las consecuencias más visibles de este mal, es el socavar el imperio de la ley y la deslegitimación del servicio público, lo que trae como consecuencia el alejamiento de los inversionistas y también el desaliento en la creación y desarrollo de las empresas del país”, aseveró la legisladora panista.

De ahí, dijo Ortega Martínez, la necesidad de construir un entramado legal contra este flagelo.

La propuesta fue turnada para su análisis a las Comisiones de Justicia y Estudios legislativos.