Por: Redacción/

El diputado Jaime Mauricio Rojas Silva (PAN) propone modificar el Código Penal Federal para sancionar a quien realice actos de crueldad encaminados a la tortura o al sufrimiento innecesario de un animal; a los imputados les impondrán de seis meses a tres años de prisión y una multa de 300 días conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

La reforma que agrega el Capítulo sexto en materia de maltrato animal, en el Título Vigésimo Quinto de los Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental del Código en mención, también señala que se hará acreedora a sanciones de tres meses a dos años de prisión y una multa de 200 días conforme a la UMA, a quien maltrate y cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga o no se considere fauna nociva para las personas.

Asimismo, precisa que a quien en el ejercicio de sus funciones como médico veterinario o persona responsable a cargo del cuidado del animal, cometiese actos encaminados a provocar sufrimiento o muerte injustificada, también será castigado con cárcel de tres meses a un año y una multa de 150 días.

La iniciativa que se envió a la Comisión de Justicia, precisa que en caso de que la muerte o lesiones del animal sean realizadas para evitar un mal igual o mayor para una persona u otro animal no se aplicará sanción alguna, siempre y cuando éstas se justifiquen.

El documento refiere que en México, 70 por ciento de los perros que viven en la calle se debe al abandono de sus dueños; no obstante, el Código Penal Federal no contiene disposiciones que condenen el maltrato animal en sus modalidades de tortura, actos crueles o semejantes, por lo que se entiende que las acciones cometidas contra los animales no son delitos de orden federal.

A pesar de ello, de acuerdo a resultados arrojados por diversas encuestas, más de la mitad de los hogares mexicanos tienen una mascota; la mayoría son perros y gatos.

Por su parte, la asociación World Animal Protection, dedicada a la concientización sobre las condiciones sociales, políticas y jurídicas en el tema de protección animal, refiere que México presenta un promedio “mínimo de esfuerzo en la creación de políticas a favor de los animales, principalmente de perros y gatos”.

Asimismo, refiere que nuestro país al no formar parte de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, acuerdo intergubernamental avalado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) que busca el reconocimiento y apoyo de los diferentes gobiernos para asegurar el bienestar animal, supone que el tema de la protección animal no resulta esencial para la agenda política de la nación.

Por ello, la iniciativa estima, entre sus objetivos, la necesidad de hacer valer la Declaración antes citada, la cual reúne las disposiciones mínimas de respeto y protección a la vida animal.

Precisa que en materia de política pública, el tema ha sido asumido por los gobiernos locales, por lo que la consideración de aplicar disposiciones reales en defensa de los diferentes grupos de animales (silvestres, domésticos y/o en cautiverio) ha quedado relegada.

Ante ello, “México no posee instrumentos de evaluación sobre la protección animal y el seguimiento a los asuntos de maltrato, así como tampoco se establecen metas para alcanzar el bienestar animal”, subrayó el legislador Rojas Silva.

Por lo anterior, “resulta fundamental adicionar el maltrato animal como un subtítulo dentro del título de Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental para que éste, en sus diversas modalidades, sea un delito de orden federal y no tenga que estar a expensas de la voluntad política de las diferentes entidades”, agregó.