Por: Redacción
La Secretaría de la Función Pública (SFP) concluyó cuatro procedimientos administrativos de responsabilidad a quien fuera Director General de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., debido a que realizó contratos de venta de sal en tonelajes superiores a los permitidos y por convenir la entrega de dividendos al ayuntamiento de Mulegé, Baja California Sur, sin la autorización del Consejo de Administración.
De esta forma, se le impuso al ex funcionario federal una sanción económica equivalente a 1.5 veces el daño causado; es decir, 11 millones 250 mil pesos; en otro procedimiento, inhabilitación por diez años; otra inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un año; y en los otros dos expedientes, inhabilitación por dos años.
Todo lo anterior, previo desahogo de la garantía de audiencia, de la valoración de las pruebas ofrecidas y de las allegadas a los expedientes.
El Gobierno de la República refrenda así su compromiso de trabajar con responsabilidad, honestidad y transparencia, al tiempo que insta a los servidores públicos al cumplimiento irrestricto de la ley, para evitar el uso indebido de recursos públicos en la Administración Pública Federal.
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