Por: Redacción
El diputado Javier Guerrero García (PRI), presidente de la Comisión de Desarrollo Social, señaló que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 propone una asignación para el ramo 20: Desarrollo Social, de 105 mil 287.4 millones de pesos (mdp), es decir, 4 mil 084.5 mdp menos de lo destinado en el 2016.
En reunión de trabajo, enfatizó que la reducción de estos recursos afecta los programas de Seguro de Vida para Jefas de Familia; de Fomento a la Economía Social y de Empleo Temporal; Inclusión Social; Pensión para Adultos Mayores; Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras; Comedores Comunitarios; Atención a Jornaleros Agrícolas; Empleo Temporal; Abasto Social de Leche a cargo de LICONSA, y Abasto Rural de DICONSA.
Los integrantes de este órgano legislativo aprobaron el documento que contiene su opinión sobre el “Ramo 20”, la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria y la Estimación del monto de recursos federales para cumplimentar la política de subsidios en materia de vivienda que comprende el PEF 2017.
Guerrero García subrayó que se deben atender los programas orientados a sacar a las comunidades originarias de la pobreza extrema y pidió orientar recursos al proyecto de justicia para Indígenas.
“La preocupación que nosotros tenemos es el impacto negativo en zonas de pobreza extrema, que es donde estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y otros centros señalan que hay rezagos”, explicó.
Por otra parte, informó que se incluyó en la opinión el planteamiento de la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos para que se continúe, a través del Programa de Empleo Temporal, la construcción de infraestructura para el almacenamiento de alimentos.
Además, consideró que se puede incorporar una observación en la opinión técnica, para pedir que se cumpla con la disposición del artículo 20 de la Ley de Desarrollo Social, el cual señala que el presupuesto no podrá ser impactado negativamente, sino al contrario recibir un crecimiento inercial respecto al comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB).
En este sentido, el diputado Alejandro Armenta Mier (PRI) solicitó al presidente de la comisión hacer un pronunciamiento enérgico para que el ejercicio de los recursos públicos se realice conforme a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera y al Sistema Nacional de Planeación Democrática,
“Hemos visto con mucha preocupación cómo los gobiernos estatales omiten el respeto de estos ordenamientos, lo cual afecta de manera esencial al desarrollo del país; por ello, es necesario que los gobernadores etiqueten los recursos con toda la transparencia”, demandó.
La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza (PVEM) pidió revisar el presupuesto destinado a los programas de Abasto de Leche, para ampliar el padrón de lácteo subsidiado en el 2017.
Los integrantes de la Comisión también avalaron la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP’s 2017), en virtud de que la propuesta metodológica para su determinación cumple con lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento,
Verificó también que las modificaciones que se realizan a los ZAP’s rurales responden a nuevos indicadores de rezago social y marginación 2015, publicados en 2016 y empleados para la presente propuesta.
De igual manera, aprobaron la estimación del monto de recursos federales para cumplimentar la política de subsidios en materia de vivienda para el PEF 2017. Proponen modificar el artículo 61 de la Ley de Vivienda, para facultar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a elaborar anualmente la estimación fundamentada que determine el monto de recursos federales requeridos para acatar la política de subsidios en la materia, que conjuntamente con el PEF deberá remitirse a la Cámara de Diputados.
La información complementaria que aporte esta dependencia deberá justificar, de acuerdo a los indicadores de rezago habitacional, las necesidades de vivienda, condición de pobreza de los hogares, grado de rezago social y marginación, resultado de evaluaciones internas o externas, pertinencia de cambios en la estimación para el siguiente ejercicio fiscal, así como distribución geográfica por entidad federativa, no sólo del monto de subsidios sino de los costos empleados, refirió.
La priista Mariana Benítez Tiburcio dijo que la iniciativa para reformar el artículo 61 de la Ley de Vivienda debe ser impulsada por los integrantes de la comisión, para que lleve mayor peso y se apruebe rápido.
Los diputados también trabajarán en un punto de acuerdo propuesto por la diputada Araceli Damián González (Morena), para solicitar información a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) sobre los eventos que realiza en el Estado de México.
Al respecto, la legislatura solicitó a la Comisión hacer un pronunciamiento, porque se tienen informes de que se han entregado tarjetas y despensas con un valor unitario de 2 mil 700 pesos, en el marco de las ferias de servicios, organizadas por la Sedesol.
“Es muy preocupante que esta secretaría participe en este tipo de actos, pues no se pueden entregar estos recursos y los programas sociales deben estar perfectamente reglamentados”, sostuvo.
Finalmente, la panista Gabriela Ramírez Ramos invitó a sus compañeros a sumarse al exhortó que presentará ante el Pleno para que la Sedesol incorpore, como una prioridad en las reglas de operación de “Prospera”, a las personas con discapacidad.
En la reunión, el presidente de la comisión dijo que se prevé la comparecencia de Luis Miranda Nava, secretario de Sedesol, para el próximo 28 de noviembre, en el marco de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno.
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