• La pandemia trajo dos problemas: el fenómeno de la infodemia con distintos intereses, que han causado desorden en la atención de la emergencia, y la desinformación oficial que afecta a México y otros países.

Por: Redacción/

Integrantes de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) acordaron trabajar de manera conjunta y fortalecer la cooperación internacional a fin de intercambiar experiencia y buenas prácticas e instrumentar mecanismos para garantizar a los ciudadanos el acceso a la información y la protección de datos personales durante la pandemia y en futuras situaciones de emergencia.

Con ese propósito, los representantes de organismos garantes de transparencia de Chile, El Salvador, España, México y Uruguay, que integran el Consejo Consultivo de la RTA, analizaron el alcance de las distintas políticas y estrategias que llevan a cabo para atender la demanda de información de la sociedad y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales.

Durante el taller denominado “Consultoría para fortalecer la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales ante la emergencia sanitaria COVID-19”, quedó de manifiesto la importancia de la coordinación de esfuerzos institucionales para enfrentar los desafíos que plantea la pandemia en estos y otros temas, como la salud pública, la estabilidad económica y los valores democráticos.

Las acciones implementadas en México fueron expuestas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que actualmente ocupa la Secretaría Ejecutiva de la RTA.

El Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, aseguró que es necesario sumar las capacidades institucionales de los integrantes de la Red, como garantes del derecho a saber y de la protección de datos personales, para asegurar que no se intente ocultar la información y tampoco quede expuesta la privacidad de las personas durante la emergencia sanitaria, ya que las dos situaciones son “antidemocráticas”.

Señaló que la pandemia trajo dos problemas: el fenómeno de la infodemia con distintos intereses, que han causado desorden en la atención de la emergencia, y la desinformación oficial que afecta a México y otros países.

En el caso mexicano, “no ha habido cabal coherencia informativa de parte del ministerio de salud”, que representa la única fuente “presumiblemente confiable” para reportar las cifras de contagios y defunciones. “Los instrumentos normativos son bastante buenos y útiles, el problema es que en la emergencia existe la tentación del responsable de la crisis de encofrar la información, de no dar explicaciones cabales y ciertas, y de buscar estar exento de los deberes de informar”, enfatizó Acuña Llamas.

La Comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, aseguró que desde el INAI se construyen esfuerzos interinstitucionales de colaboración para que las experiencias de otros países puedan adaptarse y adoptarse en la región, con la finalidad de enfrentar los desafíos y los retos de la crisis sanitaria, de la mejor manera.

“Nos queda muy claro que el papel fundamental que tenemos los organismos garantes de los derechos de acceso a la información y la protección de datos ante estas circunstancias inéditas, nos obliga a redoblar esfuerzos y a buscar fórmulas creativas para que garanticemos estos derechos y que vayan de la mano con la rendición de cuentas y la transparencia que se requiere, por ejemplo, en las compras públicas, en las acciones y políticas que se están desarrollando en nuestros países”, enfatizó.

Al presentar un panorama de las acciones emprendidas por el INAI durante la emergencia sanitaria para garantizar los derechos que tutela, Ibarra Cadena destacó la importancia de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para dar respuesta a solicitudes de información; la asesoría brindada a la población mediante el Centro de Atención a la Sociedad (CAS); los talleres de capacitación a sujetos obligados y sociedad en general, así como los programas de sensibilización en contra de la violencia hacia las mujeres y para llevar información a zonas rurales.

El Comisionado Oscar Guerra Ford sostuvo que la emergencia sanitaria ha evidenciado la necesidad de implementar la transparencia proactiva como práctica obligatoria para mantener informada a la población.

Precisó que, si bien la respuesta a las solicitudes de acceso y la publicación de información prevista en la ley deben continuar, los tiempos y procesos que llevan no son los más adecuados para brindar información oportuna en la pandemia y ello puede costar vidas.

“Creo que en este tipo de emergencias es el tiempo de la transparencia proactiva; el problema que tenemos en México es que no es vinculante, se queda a la buena voluntad del sujeto obligado, por lo que legalmente se debe ser más enfático en que sea un asunto forzoso y obligatorio, sobre todo en este tipo de épocas”, apuntó.

Guerra Ford expuso que INAI ha trabajado con la Secretaría de Salud para concentrar en un mismo sitio electrónico toda la información relacionada con la pandemia dirigida a los diferentes públicos.

A la fecha, cuenta con más de 60 millones de usuarios y los datos expuestos “han generado un gran debate a nivel nacional sobre el manejo de la pandemia; nosotros hemos tratado que la información esté ahí para que la gente opine, tome decisiones y pueda influir”.

Gabriel Delpiazzo, Presidente de la RTA y de la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay, resaltó que uno de los desafíos del taller será dejar registro de las buenas prácticas que se han seguido para enfrentar la emergencia sanitaria, así como las lecciones aprendidas “para posibles situaciones de emergencia que puedan darse en el futuro, más aún cuando la información y la transparencia han sido fundamentales en el manejo de la pandemia”.

Jorge Jaraquemada, Consejero Presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, indicó que en su país el organismo fue enfático en señalar a las instituciones que, durante la emergencia, más allá de cumplir con las obligaciones de transparencia, debían ser proactivas, “es decir, debían poner a disposición una enorme cantidad de información que posibilitara a los ciudadanos un control adecuado tanto de las medidas de orden sanitario como las de ayuda social y económica, fruto de la situación de recesión ocasionada por la pandemia”.

Claudia Liduvina Escobar, Comisionada Propietaria del Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador, aseguró que la transparencia es indispensable para disminuir los espacios de corrupción ante los ajustes presupuestales aplicados como medida para enfrentar la pandemia; sin embargo, reconoció que el país enfrenta un contexto complejo por el cambio de Gobierno con “tintes autoritarios”, que ha frenado el derecho de acceso a la información, al grado de reservar el Plan de Atención, lo cual ha sido apelado por el órgano garante.

Javier Amorós, Presidente en funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España, mencionó que el intercambio de experiencias, son fundamentales y útiles para aprender lo que acontece en otros países frente a la pandemia. “Respecto de la difusión de información sobre salud, España ha dado un ejemplo de transparencia en la medida en que ha habido información del número de contagios, número de fallecidos, medidas sanitarias y medidas higiénicas constantes, tres o cuatro veces al día por parte del Ministerio de Sanidad”.

Borja Díaz, del Programa para la Cohesión Social en América Latina (EUROsociAL+), advirtió la necesidad imperiosa de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía e identificar las buenas prácticas; sostuvo que el acceso a la información y la transparencia son elementos indispensables para la toma de decisiones que llevan a cabo desde los gobiernos, ministerios de salud y alcaldías, pero también para que las personas salvaguarden su salud y su vida.

Al moderar los trabajos del taller, Carlos Cordero, Director de Sustentia Innovación Social, advirtió que la pandemia y sus efectos plantean el desafío de actuar inmediatamente para garantizar, por un lado, el acceso a información oportuna y de calidad, a fin de que los actores involucrados en la atención de la emergencia y la población puedan tomar decisiones certeras para la prevención y el cuidado de la salud, y por otro, para proteger los datos personales que si bien se requieren para contrarrestar el número de contagios, no pueden descuidarse.

Como parte del taller, organizado por la RTA en coordinación con el INAI y EUROsociAL+ se desarrollaron cuatro bloques temáticos donde representantes de los órganos garantes de los cinco países expusieron sus puntos de vista y experiencias sobre las limitaciones y garantías de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en el marco de la pandemia; las barreras prácticas para su ejercicio; la transparencia proactiva y el derecho a la salud, así como las tensiones y colisiones entre distintos derechos.

Del INAI, participaron el Secretario de Acceso a la Información, Adrián Alcalá Méndez, y Mireya Arteaga Dirzo, Directora General de Prevención y Autorregulación; del Consejo para la Transparencia de Chile, Daniel Pefaur y Fernando García; del Instituto de Acceso de Información Pública de El Salvador, René Valiente; del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España, Esperanza Zambrano, y de la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay, Ema Graciela Romero.